Multas lingüísticas: aplicar la ley

Manuel Nevot vivió sin querer su minuto de gloria en 2008, con una frase que puso encima de la mesa un tema que se convirtió en una obsesión para el Partido Popular y Ciutadans: las multas lingüísticas. "Tengo aquí un expediente de un ciudadano catalán al que se ha multado con 400 euros", anunció Mariano Rajoy durante el cara a cara preelectoral. Se refería a Nevot, agente inmobiliario de Vilanova i la Geltrú al que se multó por rotular su establecimiento solo en castellano. Su caso convirtió la política lingüística en casus belli de la legislatura. Ciutadans había basado su irrupción en el Parlament, dos años antes, en denunciar la, a su juicio, "imposición del catalán"; el PP, adormilado durante la época de Jordi Pujol en esta cuestión, se vio forzado a sumarse. La reacción, a contrapié, ha sido fuerte y en ocasiones ha rozado el ridículo: por ejemplo, cuando se han recurrido normas que el partido apoyó en el pasado.

La Generalitat tiene la obligación de castigar a quien no etiquete en castellano

Las multas por no rotular en catalán han sido la punta de lanza de esta polémica. El Gobierno de Jordi Pujol aprobó la Ley de Política Lingüística en 1998. Un brindis al sol: CiU nunca la aplicó. "Pujol hizo la ley de cara a la galería", lamenta Jordi Anguera, actual director de la Agencia Catalana de Consumo. El tripartito la aplicó cuando ERC se hizo cargo de Consumo en 2003. Poco a poco las multas se fueron conociendo: en 2003 las primeras inspecciones arrojaron dos sanciones; en 2004, 22 multas, y en 2005, 119.

Anguera accedió al cargo tras la configuración del segundo tripartito, que ha dejado las competencias de consumo en manos del departamento de Economía, y resume su estrategia: sin abandonar las multas, se optó por la pedagogía. "Si hay voluntad, no hay sanción", resume Anguera, al frente de la agencia desde ese año. Pero las multas han ido aumentando: 126 en 2006, 138 al año siguiente, ascendieron a 209 en el 2008 y bajaron a 152 en 2009. "Hemos logrado que el 80% de los procedimientos no acaben en sanción. Pero hay gente que no quiere", apunta Anguera.

Las campañas contrarias a las multas han sido en balde. El Código de Consumo, aprobado recientemente, aumenta la presencia del catalán en el comercio y obliga al comerciante a atender en las dos lenguas oficiales. El conflicto se perpetúa: la norma está recurrida ante el Tribunal Constitucional, que revisará los recursos del PP y de la Defensora del Pueblo.

Consumo se defiende: "Cumplimos con la ley", justifica Anguera. Ni el PP y Ciutadans han cuestionado la labor de la agencia en proteger el castellano. Son datos más escondidos -no hay recuento específico-, pero hablan por sí solos. En 2009 la Generalitat multó a 94 empresas por no etiquetar en español, cumpliendo con las 120 normas estatales que obligan a dar la información en castellano. Estas sanciones han aumentado por la presencia de alimentos procedentes de otros países.