Un debate cacofónico

La réplica del presidente del Gobierno a la pregunta de una senadora de Unión del Pueblo Navarro (UPN) -hija de un concejal del Ayuntamiento de Pamplona asesinado por ETA en 1998- sobre las supuestas conversaciones secretas entre el Ejecutivo y la banda terrorista, a espaldas del Congreso y del principal partido de la oposición, pretendió cerrar el cacofónico debate que está ensordeciendo a la opinión pública. Zapatero tranquilizó las dudas de María del Mar Caballero y descartó que las negociaciones con ETA autorizadas por el Parlamento durante la pasada legislatura y cortadas por el brutal atentado de la T-4 se hayan reanudado.

Esas aclaraciones no hubieran sido necesarias de no ser porque los últimos comunicados de ETA, los movimientos críticos registrados dentro de la izquierda abertzale, las expulsiones de presos etarras a raíz de sus pronunciamientos contra la lucha armada y las declaraciones de Arnaldo Otegi al diario EL PAÍS fueron interpretados -maliciosamente o de buena fe- como síntomas de una nueva tregua-trampa al estilo de las tendidas anteriormente a Felipe González, Aznar y Zapatero. Mientras algunos portavoces y ministros socialistas contribuyeron a esparcir esa sospecha mediante sus pronunciamientos irreflexivos, dirigentes del PP -con su sinuoso vicesecretario de Comunicación a la cabeza- y medios de comunicación adictos a la visión conspirativa de la historia han echado leña y gasolina abundantes al fuego de los recelos. La esperanza de los socialistas o el temor de los populares a una capitulación de ETA previa a las legislativas de 2012 capaz de influir sobre sus resultados ha desempeñado un importante papel en esa explosión de verborrea.

El presidente del Gobierno invita a cerrar la polémica política y periodística sobre el fin del terrorismo

El desbordamiento pirotécnico resultaba injustificado dado el entendimiento entre el Gobierno y el principal partido de la oposición acerca de la lucha antiterrorista durante esta legislatura; socialistas y populares presentaron hace menos de un mes en el Congreso una proposición de reforma de la ley electoral a fin de dificultar todavía más la concurrencia a los comicios municipales de partidos o agrupaciones de electores sucesores de la ilegalizada Batasuna. Por lo demás, la hipótesis de la vuelta a la tregua-trampa no ofrece indicios probatorios dignos de consideración y constituye una posibilidad puramente abstracta, al estilo de la imaginaria participación de ETA, las fuerzas de seguridad españolas, los servicios de inteligencia marroquíes y los propios socialistas en el atentado del 11-M, sostenida todavía por medios de comunicación embanderados con el PP o la ultraderecha.

Hay motivos para suponer que la fuente motriz de ese artificioso debate no es un razonamiento equivocado pero mantenido de buena fe, sino la voluntad maliciosa de provocar la ruptura de los acuerdos PSOE-PP y el sañudo deseo de reforzar la campaña contra el nuevo vicepresidente primero y ministro del Interior.