Correa decidía cómo Boadilla le adjudicaba los concursos

El Ayuntamiento de Boadilla del Monte, gobernado por el PP con mayoría absoluta, era un coto cerrado para los negocios de la trama Gürtel que dirigía Francisco Correa, hoy en la cárcel. La red corrupta operaba con total impunidad en este municipio, según demuestra uno de los correos electrónicos interceptados por la policía durante los registros. Dicho mensaje, del 20 de marzo de 2007, se dirigía a Tomás Martín Morales, entonces alto cargo del Ayuntamiento de Boadilla del Monte. En este correo electrónico, incluido en el informe de la policía al que ha tenido acceso EL PAÍS, aparecían las instrucciones a Martín Morales: "Te mando este email siguiendo las instrucciones de Isabel Jordán

Las firmas pantalla de Correa cobraron 100.000 euros del Consistorio

Panero delegó en el actual regidor el abono de los recibos

[responsable de las empresas de Correa]. Tenemos que facturar una serie de trabajos que ya hemos hecho para el Ayuntamiento de Boadilla en el edificio nuevo y vamos a hacerlo de la siguiente forma: hemos dividido por zonas todo lo que hemos hecho: tres zonas van a ir con concursos de contratos menores (menos de 30.000 euros)".

Sigue el mensaje con las instrucciones: "Presentamos tres ofertas para cada zona. Hay que hacer los pliegos del concurso. Y la empresa que factura tiene que aportar un informe de los trabajos realizados. Necesitamos que nos digas cómo lo hacemos". Y enumera los trabajos y las empresas que debían participar en los concursos: "En la construcción de la alcaldía y secretarías tres empresas: Servimadrid: 28.733 euros, Fotomecánica Rafael 29.999, Kilda Producciones 29.500 euros. Factura Servimadrid". Lo mismo hace con otras obras para la construcción de una sala de prensa y un hall por 29.365 euros, la instalación de escudos por 11.086 y el diseño de la imagen interior por 15.323.El correo electrónico interceptado a los empleados de Francisco Correa es una muestra, según la policía, de cómo la organización corrupta, además de amañar un concurso para justificar una adjudicación directa utiliza a empresas pantalla. Concretamente, se trata de las sociedades del Grupo Rafael, que la red Gürtel incluía como terceros en los concursos. Según un informe de la Agencia Tributaria, el Ayuntamiento de Boadilla facturó en cuatro años casi 100.000 euros.

El informe policial demuestra cómo Correa recibe una adjudicación directa de servicios en el Ayuntamiento, cuyos dirigentes justifican después mediante la creación de unos pliegos ad hoc. Todo con la finalidad, según los agentes, de que le sean otorgadas a las empresas de la trama Gürtel. Además, otras sociedades actúan como terceros en los concursos. Este sistema es ordenado por la red, que utilizaba los servicios del imputado Tomás Martín Morales. Este dirigente del PP de Boadilla del Monte era el encargado de buscar el modo de justificar estos gastos.

Un portavoz oficial del Ayuntamiento de Boadilla reconoció que el Consistorio había abonado una factura de 11.086 euros a la empresa de Correa Servimadrid por la instalación de los escudos del municipio en el nuevo edificio del Ayuntamiento, siguiendo las instrucciones de la trama. Esta factura fue, según el portavoz municipal, una de las primeras peticiones que realizó el juez Baltasar Garzón, que fue quien inició la investigación del caso después de la denuncia del ex concejal del PP de Majadahonda José Luis Peñas. Precisamente, en el correo interceptado por la policía a la trama, un empleado de Correa le daba instrucciones a Tomás Martín Morales para que les pagara como "partida de menos de 12.000 euros".

No obstante, el portavoz del Consistorio sostiene que el resto de las obras incluidas en el correo electrónico que tenían que ser amañadas fueron finalmente realizadas por otras empresas que nada tienen que ver con el caso Gürtel.

La persona que se encargaba de forma habitual del pago de estas facturas de menos de 12.000 euros era el entonces concejal de Hacienda y ahora alcalde, Juan Siguero, quien realizaba estos trabajos por delegación del entonces primer consejero, Arturo González Panero, expulsado del PP de Boadilla. Precisamente, Panero aseguró a EL PAÍS en una entrevista que si fuera el juez investigaría antes al actual alcalde [Siguero], ya que él no había firmado nada. No obstante, fuentes del Consistorio de Boadilla aseguraron que Siguero no adjudicó ningún contrato a dedo ni amañado a las empresas de la trama Gürtel. En este sentido, la policía pidió hace meses la detención de Juan Siguero, al considerar que había suministrado información privilegiada a las empresas de la trama.

Los grupos de la oposición, el PSM-PSOE y Alternativa por Boadilla (APB) pidieron la disolución del Ayuntamiento de Boadilla del Monte ya que, de resultar imputado el actual alcalde, sería el segundo regidor implicado en la mayor operación contra la corrupción en la democracia ligada a un partido político: el Partido Popular. Por el momento, el número de imputados en la región de Madrid supera ya el centenar.