Pumpido niega que el fiscal practique "inquisiciones"

El fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, criticó ayer ante la Comisión de Justicia del Congreso que la corrupción económica y política siga constituyendo "motivo de confrontación entre las fuerzas políticas", lo que "solo favorece a los que buscan el conflicto partidista, el cuestionamiento de las instituciones y las sospecha sobre los servidores del Estado".

En respuesta a una pregunta del Grupo Popular para que distinguiera entre una "inquisición general" y las conductas "en las que sí procede la actuación de la Fiscalía", Conde-Pumpido replicó que las "inquisiciones generales están prohibidas. Investigar a alguien porque tenga más dinero del que a otro le parece que debería tener es algo que no se puede hacer en democracia", precisó.

El 90% de los cinco millones de asuntos penales no llegan a juicio

El fiscal del Estado aprovechó la pregunta para citar el caso de la denuncia contra el presidente del Congreso, José Bono, cuyo supuesto patrimonio fue rastreado a partir de datos de registros públicos por una serie de medios de comunicación. Conde-Pumpido se preguntó qué pasaría si el fiscal, sin más datos, se dedicase a abrir investigaciones penales para ver si encuentra delito. Sobre Bono explicó que la Fiscalía archivó la denuncia cuando comprobó que no respondía a la realidad, aunque luego recurrió "un tercero con relevancia mediática, el mismo que se ha querellado contra el juez Baltasar Garzón", dijo en referencia al abogado murciano José Luis Mazón.

El portavoz de Justicia del PP, Federico Trillo, se quejó de que desde 2007 la fiscalía ha abierto unos 40 procedimientos al PP por casos de corrupción que luego fueron archivados. El reproche de Trillo se produjo después de que el fiscal general defendiese la actuación de Anticorrupción en sumarios como el caso Gürtel y otros procesos de corrupción urbanística.

El fiscal general también se refirió extensamente al caso del juez Baltasar Garzón y al "permanente vapuleo mediático y político" a jueces y fiscales cuando sus decisiones no convienen a los intereses particulares de unos u otros.

Subrayó en otro momento que los fiscales han "más que triplicado" su labor al presentar a juicio ante los tribunales escritos de acusación en los últimos cuatro años, pero que el sistema penal no puede seguir soportando una "carga de gestión administrativa" de cinco millones de asuntos, de los que "más del 90% no llegan nunca a juicio" por la obsolescencia del actual modelo procesal penal.

Respecto a ETA, el fiscal general aseguró que seguirá persiguiendo a los terroristas "estén donde estén, en España o refugiados en otra latitud y aunque pretendan engañarnos para mantener una presencia en la vida institucional".