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Un viudo frente a un muro público

Juan Carlos Badillo perdió a su mujer tras un diagnóstico erróneo - El cuerpo fue incinerado sin autopsia - Lleva tres años luchando contra la Administración

"Todo son preguntas", dice Juan Carlos Badillo después de explicar las incógnitas de la muerte de su mujer, las médicas: cómo pudo morirse a los dos días de que le dijesen en un hospital que tenía una pequeña lesión de cuello; y las burocráticas: por qué existe una cosa llamada silencio administrativo que permite a las instituciones callar por respuesta; por qué Sanidad ignora al Tribunal Superior de Justicia cuando le pide la documentación de un caso; cómo la aseguradora de la consejería le reconoce el derecho a indemnización y se lo deniega días después. Y sobre todo: "¿Cómo se entiende que una mujer de 40 años, sin antecedentes clínicos, entre andando en un hospital por la mañana, se muera por la noche y no le hagan una autopsia?".

La consejería aceptó darle una compensación pero dio marcha atrás

Mariví Martínez fue incinerada por su familia el 22 de febrero de 2007. Esta es la única certeza de su historia, aparte de que tenía una tienda de ropa en Alcalá de Henares, un marido al que dejó viudo y un niño de dos años que ahora, cuando piensa en el recuerdo vago de su madre, le pregunta al padre por qué le tuvo que pasar esto a él. Su padre, Juan Carlos, suele responderle que él, con 46 años, se hace la misma pregunta.

El proceso judicial por la borrosa muerte de esta mujer empezó en diciembre de 2008 en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, como reacción de Juan Carlos Badillo al vacío con que Sanidad ventiló su petición de indemnización por negligencia. Le avisaron por carta de que si no respondían en seis meses diese por desatendida su reclamación. Cumplieron.

Badillo demandó a la consejería con la misma herramienta que usó para solicitarle una reparación económica, un informe de la Escuela de Medicina Legal de la Universidad Complutense que afirmaba que debía ser indemnizado por la suma de dos errores: uno, que en el hospital Príncipe de Asturias de Alcalá de Henares diesen el alta a su esposa el 18 de febrero de 2007 por una cervicalgia, sin valorar los "mareos, vómitos y náuseas" que acompañaban su dolor de cuello, y que el día 20, con los mismos síntomas pero más agudos, tardasen horas en hacerle un TAC (prueba para ver el interior del cráneo); dos, que no se le hiciese una autopsia sin conocer la razón de su muerte.

La investigación clínica post mórtem es una medida básica en los hospitales en estos casos. "Cuando no hay certeza absoluta de la causa de una muerte, se debe hacer una autopsia", afirma el vicepresidente del Colegio de Médicos de Madrid, Miguel García Alarilla, consultado por este periódico. El diagnóstico del área de radiología del Príncipe de Asturias, justo antes de morir Mariví Martínez, fue indeciso: "La lesión descrita sugiere como primera posibilidad un meduloblastoma [un tumor de cerebelo con escasa incidencia entre adultos], sin descartar que se trate de una metástasis u otras posibilidades".

Hubo un momento en que Juan Carlos Badillo, que vive de su agencia de viajes, pensó que le darían la razón. Fue después de que Sanidad desechase su reclamación y de que le diese una sorpresa negra: en septiembre de 2008 le envió una cartilla sanitaria para su esposa muerta. Pasado aquello, en 2009, con el pleito en marcha, su abogado encontró en el expediente judicial un informe de Willis, correduría de seguros de la consejería en aquel momento, que dictaminaba que el hospital actuó con "parsimonia" hasta que hizo el TAC, que se debió realizar autopsia y que "se debería proceder a su indemnización [154.000 euros]". Pero la compañía dio un giro rápido y realizó otro informe, apoyado en la opinión de médicos del hospital de la Princesa, en el que solo mantenía una convicción, que se tuvo que hacer una autopsia. Ni una palabra sobre si se debía o no indemnizar al marido. Hacia delante con el juicio.

El tiempo pasa y Sanidad pasa del Tribunal Superior de Justicia, que exige en abril de 2010 a la consejería el expediente administrativo del caso. Iba con advertencia por si no cumplían: "Se le impondrá una multa de 300,81 a 1.202,02 euros". No le mandaron nada. En junio lo pide otra vez con la misma admonición. Sanidad acabó accediendo, según el abogado de Badillo.

Para saber por qué hubo este retraso, o por qué Willis dice y se desdice sobre un asunto tan delicado, o cuál es la pauta que siguen los hospitales para decidir si hacen una autopsia o dejan ir al muerto, no conviene preguntar a la responsable, la Consejería de Sanidad, pues el organismo público tiene por norma no explicar sus juicios.

Al ciudadano le queda esperar a una sentencia. Badillo asegura que es fácil desesperar: "Pegarse contra la Administración y una aseguradora es durísimo".

* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 16 de octubre de 2010