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El Supremo reabre el caso de un hombre en coma desde 1989

Tras dos décadas de juicios por negligencia, el Supremo revisa el 'caso Meño'

Antonio Meño lleva 21 años en coma. Mientras tanto, su historia judicial avanza, se detiene, se cierra, vuelve a respirar: en 1989 salió de una operación de cirugía estética con el cuerpo y el cerebro paralizados; sus padres pusieron una denuncia por negligencia, un juzgado sentenció a la clínica en 1993 a pagarles una indemnización (más de un millón de euros) y empezaron las apelaciones.

Primero otro juzgado que les quitó la razón, luego la Audiencia Provincial se la volvió a quitar, y por último el Tribunal Supremo, que los condenó a pagar 400.000 euros por los costes del juicio. 400.000 euros y un hijo paralizado.

Sus padres, dos panaderos de Móstoles jubilados, se echaron a la calle con él en junio de 2009 y montaron una caseta de lonas y madera en la plaza de Jacinto Benavente. Para pedir justicia; clemencia al menos. Un anochecer de febrero de 2010 se encuentran un testigo. Y otra vez, el caso de Antonio Meño, vuelve a respirar. El Tribunal Supremo ha reabierto el caso del hombre en coma 21 años después de la cirugía fatídica, 16 meses después de que los padres, Juana Ortega y Antonio Meño, dos sexagenarios de Móstoles retirados de su panadería, se asentasen en la plaza de Jacinto Benavente, a una calle de la Puerta del Sol, a seis pasos de una sede del Ministerio de Justicia.

Llevan 485 días en una caseta en Jacinto Benavente con su hijo en coma

El responsable del vuelco judicial es un médico de familia. Un hombre que pasó por la plaza una noche del mes de febrero pasado, preguntó a Juana Ortega qué le ocurría a su hijo, si podía llevarse un pasquín de su taco de denuncias del caso y luego siguió su camino, según relataba ayer la madre. "No lo he vuelto a ver desde aquel momento".

I. F. G., el supuesto caminante circunstancial, entregó unos días después al abogado de la familia, Luis Bertelli, una declaración en la que daba una versión desconocida de lo que ocurrió en la clínica privada Nuestra Señora de América, donde Meño, que ahora tiene 41 años, se quedó en coma siendo un estudiante de Derecho con el antojo de tener una nariz bonita.

Este médico asegura que estaba de aprendiz en la operación y vio cómo las pulsaciones de Meño se alteraban en una pantalla. Dice que el anestesista se había ido del quirófano: "Apareció al cabo de unos minutos, levantó los paños que cubrían la cabeza del paciente y comprobó que el tubo a través del que respiraba se había desconectado. Exclamó: 'Dios mío, se ha desconectado", se lee en su documento, en el que nombra a los cirujanos que estaban en la sala de operaciones, al anestesista y llega a precisar el color de ojos y de pelo de la enfermera.

En los juicios que han exculpado a la clínica se ha aceptado hasta ahora que el cerebro de Meño se asfixió porque el paciente vomitó sin motivo pasada la cirugía, cuando el anestesista lo había desentubado y había recuperado la respiración. La versión de I. F. G., del que no se supo nada en todos estos años de pleitos (en su escrito explica que creyó que al final se había indemnizado a la familia), no menciona ningún vómito. Apunta a un fallo durante la anestesia.

Basándose en el nuevo testimonio, el abogado de la familia pidió una revisión de la sentencia de 2008 del Supremo. El fiscal Félix Herrero Abad envió el mes de mayo pasado un escrito a este tribunal valorando que la prueba era un indicio de "maquinación fraudulenta", es decir, que se ocultaron pruebas en el juicio. La Fiscalía sostenía que la prueba supuestamente escamoteada "podía haber dado lugar a una sentencia totalmente distinta".

Por entonces, la abogada del anestesista, que ahora trabaja en un hospital público, se limitó a cuestionar la credibilidad del nuevo testigo, diciendo que su cliente negaba que estuviera en el quirófano. Y la clínica se opuso a hablar del caso.

El 4 de octubre pasado habló el Tribunal Supremo. Ha admitido el recurso y citado a las partes a una vista que se celebrará en noviembre. Ahí decidirá si estima la demanda de revisión, con lo que anularía su sentencia anterior y juzgaría de nuevo el caso, o si confirma su pronunciamiento de 2008: absolución de los acusados y condena de pago de costas a la familia.

El primer paso -que el Supremo acceda a estimar un recurso contra una sentencia en firme suya- es un fenómeno judicial infrecuente. Tanto como que un matrimonio de jubilados esté 485 días acampado en la calle con un hijo en coma vigil. Igual que un paseante casual se convierta en un testigo crucial. No más que un chico se quede muerto en vida por un arreglo en la nariz.

Juana Ortega, alma de la caseta de madera y lonas de la plaza de Jacinto Benavente, tampoco asimila el último recodo del caso Meño: "Estoy contenta. Pero también estoy incrédula".

* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 15 de octubre de 2010