Mercasevilla

El Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla está investigando el llamado caso Mercasevilla, en el que se siguen actuaciones penales por un presunto intento de cobro de comisiones ilegales a cambio de una subvención de la Junta de Andalucía y, de otro lado, por la adjudicación supuestamente fraudulenta de derechos sobre unos terrenos de esta empresa, pública y dependiente del Ayuntamiento de Sevilla. En estas actuaciones están personados el PP y PSOE. Aquel en su intento de que el procedimiento contamine al PSOE, por la afiliación política de alguno de los presuntos implicados; y el PSOE, justo por lo contrario, partiendo de la base de que fue la propia Junta quien puso el asunto en conocimiento del fiscal. A nadie se le escapa que esta instrucción tiene y va a tener consecuencias electorales en función de cómo se desarrollen las actuaciones judiciales durante el tiempo, ya escaso, que resta para la convocatoria municipal.

Como cada vez que denuncia una supuesta irregularidad, el PP sostiene que únicamente busca que resplandezca la verdad y la justicia, apoyando la investigación, como suele decirse, caiga quien caiga, siempre que los investigados sean rivales políticos. Cuando son compañeros de partido, entonces se difunden sospechas sobre la actuación de policía, jueces y fiscales, a los que se acusa -como recientemente ha hecho la secretaria general del PP, Dolores de Cospedal, a propósito de las detenciones en la Gerencia de Urbanismo de Murcia- de actuar bajo las órdenes del Gobierno que orquesta maniobras para distraer la atención de las primarias de Madrid, de las cifras del paro o de cualquier otro asunto.

Es un mensaje peligroso para los ciudadanos. Se intenta hacer creer por un grupo político, que ya ha gobernado y aspira seriamente a volver a gobernar, que el Gobierno puede manejar fuera de las finalidades del Estado de derecho a las Fuerzas de Seguridad, y aún más allá, a los propios jueces y fiscales. Y algunos pueden verlo también como un mensaje a estas mismas Fuerzas de Seguridad, fiscales y jueces, por parte de quienes pueden gobernar en fechas próximas, para que saquen sus lecturas. Es natural: si soy policía y pienso que en poco tiempo la señora Cospedal va a ser ministra del Interior, departamento del que ya fue alto cargo, me tentaría la ropa.

Si manifestaciones como las citadas de Cospedal, que se suman a otras, tantas como casos afectan al PP, se propagan puede que den lugar a que surjan otras en sentido contrario que pongan en tela de juicio una instrucción que, al día de hoy, bendicen ciudadanos y la Sala de lo Penal, pues lo que el PP denuncia el Murcia o Valencia -es decir, que unas actuaciones judiciales y policiales tengan una finalidad perversa como distraer la atención pública- también puede suceder en Sevilla.

Como no espero que ningún político rectifique -da la impresión que rectificar ya no es de sabios sino de idiotas- solo puedo confiar en que la instrucción de Mercasevilla esté acabada en fecha próxima a las elecciones, para evitarnos el cruce de descalificaciones. También, que si hay más imputados, sobre todo si son cargos municipales, no coincidan sus paseos por el juzgado con la campaña o precampaña municipal, para quedar libres y sin cargos después de la foto (y de las elecciones). Intentar manipular a la justicia por motivos políticos es mal asunto.

Si ello ocurriera, y con los vientos que están sembrando los dirigentes del PP cuando uno de los suyos es investigado por la Justicia, es más que probable que suframos tempestades que afecten a la convivencia democrática y a la buena imagen y reputación de la Justicia, mucho más teniendo en cuenta que el candidato a la alcaldía ha sido el juez decano de esta ciudad y director general de Relaciones con la Administración de Justicia con José María Aznar. Es lo que puede ocurrir cuando no se rectifica y cuando el Consejo General del Poder Judicial tampoco interviene frente a declaraciones como las de la señora Cospedal, distinguiendo manifestaciones de esta naturaleza con otras de la misma índole como ha ocurrido recientemente en el caso Garzón, y no tan recientemente, como fue el caso Juan Guerra.