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Editorial:

La reforma es ahora

La evolución demográfica aconseja negociar ya los cambios en el cálculo de las pensiones

Los dos asuntos centrales del debate sobre la reforma de las pensiones iniciado en la comisión del Pacto de Toledo (el aumento del periodo laboral para el cómputo de la pensión y el retraso en la edad de jubilación) han sido aplazados con la esperanza de que los acuerdos que se consigan en los aspectos menos espinosos faciliten un acercamiento sobre esos temas. La necesidad de la reforma deriva de que si no se modifican las bases de cálculo de las pensiones ni se ajusta la percepción a las nuevas condiciones de vida media de la población, el sistema comenzará a acumular déficits cada vez mayores a partir de 2020 y se convertirá en inviable en el periodo de los 10 años siguientes.

Los sindicatos y los partidos políticos deberían ponerse de acuerdo sobre los datos de base: si son correctas las estimaciones que aseguran que el gasto en pensiones se duplicará en las próximas décadas (del 8% del PIB al 15%) y si, como consecuencia de los cambios demográficos, la relación entre la población en edad de trabajar y la población jubilada pasará de cuatro a menos de dos en los próximos 30 años. Si tales proyecciones son correctas y los negociadores las aceptan, es inevitable actuar, con prudencia, pero sin demora.

Las soluciones se conocen. El Pacto de Toledo baraja ampliar el periodo de cómputo de la pensión desde los últimos 15 años actuales a 20 años; y el Gobierno sostiene que la edad de jubilación debe pasar desde los 65 a los 67 años. Otras propuestas son más radicales. El documento del grupo de los 100 economistas, difundido ayer, recomienda que el periodo de cálculo se amplíe a toda la vida laboral, si bien de forma gradual, para evitar traumas a los perceptores actuales; y que se flexibilice la edad de jubilación y el modo en el que cada trabajador desea percibir su pensión.

La reforma tropieza con la oposición de los partidos y sindicatos que entienden las condiciones actuales como derechos adquiridos, con independencia de la solvencia financiera del sistema de reparto. De nada sirve el argumento de que en caso de crisis del sistema, esos derechos deberán financiarse con cargo a las finanzas públicas; es decir, con más impuestos pagados por los trabajadores. En todo caso, el momento de la reforma es ahora, no dentro de cinco o 10 años; porque cuanto antes se negocie con mayor gradualidad y menos daños podrá aplicarse. Es el momento de demostrar la utilidad del Pacto de Toledo.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 8 de octubre de 2010