Pedreira investiga los contratos de Aguirre con empresas del Gürtel

El magistrado que instruye el caso Gürtel, Antonio Pedreira, ha solicitado a la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) de la Agencia Tributaria que investigue los contratos adjudicados entre los años 2004 y 2008 por el Gobierno regional de Esperanza Aguirre y por el Ayuntamiento de Boadilla del Monte (PP) a empresas que el cerebro de la trama, Francisco Correa, utilizaba como pantalla. El líder de la red corrupta recurrió a estas sociedades para que sus firmas no aparecieran como adjudicatarias del Ejecutivo autonómico.

La vinculación de la Comunidad con las empresas de la trama, que llegaron a facturar de forma directa e indirecta a la Administración regional unos cuatro millones de euros en cuatro años, pone de manifiesto la importancia de esta red de corrupción destapada con la operación Gürtel, que inició el juez Baltasar Garzón tras una denuncia del ex concejal de Majadahonda José Luis Peñas. Hasta el momento casi un centenar de personas permanecen imputadas en la región por el juez Pedreira, que encabeza la investigación de la mayor trama de corrupción de la democracia española ligada a un partido: el PP.

El Grupo Rafael pagó en cuatro años 900.000 euros a la red corrupta

En este sentido, un informe que obra en el sumario destaca que solo las cantidades pagadas por el Ejecutivo de Aguirre a estas empresas intermediarias de Correa superaron el millón de euros. Se trata en concreto del Grupo Rafael (Tecnimagen Rafael, Fotomecánica Rafael, Kilda Producciones y Fotomecánica Doble), así como otras firmas, denominadas Decoraciones CMR, Sagitour 2000 y MQM.

Estas sociedades abonaron en el mismo periodo a Correa unos 900.000 euros, en pago de unos servicios que finalmente pudieron no haberse prestado, según la policía. Por eso la investigación trata de demostrar que estas firmas pantalla trabajaban para la red a cambio de una comisión. Asimismo, llama la atención que las intermediarias pagaran altas cantidades a las sociedades de Correa a cambio de servicios y suministros que ellos mismos realizaban de forma corriente, ya que eran proveedores de las empresas de la red.

En el Gobierno de Aguirre, según la investigación, el encargado de gestionar el cobro de estos contratos era el viceconsejero de Presidencia Alberto López Viejo, también imputado como presunto autor de 11 delitos, entre ellos los de prevaricación, tráfico de influencias, cohecho y malversación.El informe de la policía acerca de las actividades de las empresas pantalla de Correa incorpora un documento de Hacienda que pone de manifiesto los numerosos desequilibrios existentes entre las cantidades que pagaba la Comunidad de Madrid y el dinero que aseguraban haber recibido las sociedades privadas vinculadas a la red corrupta. Las cantidades declaradas por la Comunidad y las de las empresas del Grupo Rafael, que actuaba como pantalla de la trama Gürtel, no coinciden.

El ejemplo más evidente de estos desequilibrios es el de la sociedad del Grupo Rafael Kilda Producciones. En 2006 la Academia de Policía Local de la Comunidad de Madrid le abonó, según consta en Hacienda, 8.560 euros; la Agencia Regional de Inmigración, 10.624 euros; la Comunidad de Madrid de forma directa, 79.329 euros; la empresa municipal del suelo de Boadilla, 32.397 euros, y la de Arganda del Rey, 9.433 euros. Sin embargo, esta sociedad no incluyó ninguna de estas cantidades. Kilda tampoco incluyó facturas en su declaración de sociedades por los 23.594 euros que dice haberle pagado la Comunidad, tal y como refleja la Agencia Tributaria. La declaración de Fotomecánica Doble, también del Grupo Rafael, deja ciertas dudas sobre sus cuentas si se cotejan con las del Ejecutivo de Aguirre. En 2007 aseguró haber recibido del Gobierno regional 123.566 euros, mientras que la Comunidad eleva esta cantidad hasta los 152.056 euros.

La investigación de la policía ha logrado demostrar también que Correa ejercía de facto un estrecho control de las empresas pantalla detectadas, que no eran propiedad suya, pero cuyos empleados hacían trabajos para la trama. Distintos correos electrónicos interceptados en los ordenadores de Correa durante los registros a sus empresas ponen de manifiesto que los empleados de la trama establecían objetivos al Grupo Rafael en su facturación a la Comunidad: "Confío en haber logrado los objetivos esperados", aseguraba en una misiva una de las responsables de esta empresa pantalla a los cabecillas de la red corrupta. De hecho, en algunos casos realizaban directamente gestiones que no les concernían, ya que afectaban a las empresas de Correa, pero no al Grupo Rafael.

Cuando Correa detectaba que se acumulaban facturas de las empresas intermediarias sin cobrar procedentes de los diferentes departamentos de la Comunidad, los empleados de Correa recurrían a varios empleados de la viceconsejería de Presidencia, que dirigía uno de los principales imputados: Alberto López Viejo. En concreto se trataba, según la investigación de la policía, de Pedro Rodríguez Pendás, María del Carmen García y Julia López Valadares. El primero de ellos ha sido imputado por el juez Pedreira como presunto autor de 11 delitos, entre los que se encuentran los de cohecho, malversación de fondos públicos y negociaciones prohibidas.