La industria acepta una ley para el lácteo pero cuestiona los contratos

"Defendemos que exista un marco legal que permita que el ganadero tenga un precio justo, que la industria pueda vender sus productos a un precio justo también y que el consumidor compre por el precio que tiene que costar el producto". El gerente de la Asociación de Industrias Lácteas de Galicia (Aelga), Pedro Ramos, aceptó ayer que se regulen legalmente, como propuso el PP en el Congreso, los contratos para la compraventa de leche. El conselleiro de Medio Rural, convocó ayer a Aelga (que agrupa al 75% de las empresas), Puleva, Capsa (Corporación Alimentaria Peña Santa), Danone y a la central de compras Cenegal para explicarles la iniciativa de su partido en Madrid. "Si dentro de la interprofesional láctea no son capaces de poner remedio a esa situación, somos partidarios de la vía de la regulación desde las administraciones", explicó Juárez tras considerar "inaceptable" que no se cumplan los contratos homologados que el sector pactó en 2009.

A pesar de la apuesta por tener una legislación al respecto, Ramos cuestionó la continuidad de los contratos homologados porque los actuales tienen una duración de tres meses con el ganadero "mientras la distribución renegocia con la industria los precios y plantillas cada 15 días". La propuesta del PP recoge contratos por un año con referencia a los precios de los países del entorno y la regulación de los preavisos necesarios para el cese de la relación comercial. Tambiénprevé la posibilidad de que los precios se negocien de forma colectiva. Ramos insistió en que el problema es del sector en el conjunto de España y no de la industria gallega. "Eso es lo que queremos que se aborde".

Precios estancados

El conselleiro explicó que los precios de la leche se mantienen "estancados" en España mientras se recuperan en el resto de Europa. Juárez celebró la investigación del Servizo Galego de Defensa da Competencia sobre las prácticas del sector: "Pienso que no le tiene que asustar a nadie y es bueno además, puede beneficiar a los productores", explicó. El representante de la industria negó que "en absoluto" exista un pacto entre las compañías, porque, además, "sería un delito". Ramos defendió que cuando lleguen las conclusiones de Competencia tendrán que recibir "las explicaciones oportunas con respecto a todas esas acusaciones que se han hecho por ahí".