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COLUMNA

Huelga general de propuestas

El conductor arranca el coche. Mete la primera, segunda, tercera, la directa. El automóvil alcanza pronto los 120 kilómetros por hora de velocidad de crucero. De repente, los acompañantes indican al conductor que ha tomado la autopista en dirección contraria. Este, muy nervioso, no acierta a reducir la velocidad y esperar al siguiente cambio de sentido, e introduce la marcha atrás. Saltan las piezas y el motor se rompe en mil pedazos.

¿Es lícito establecer una analogía entre la historieta del conductor equivocado y lo que ha sucedido en la política económica española a partir del pasado 9 de mayo? Tras la noche de los cuchillos largos en Bruselas, en plena crisis de la deuda soberana, Zapatero metió de repente la marcha atrás y poca gente, entre su base social, pudo seguirle. La imagen resultante del cambio brusco fue la de que entre la presión de los mercados y la de la ciudadanía se elegía satisfacer a los primeros. Así se llegó al descontento y a la huelga.

El paro estructural, el de aquellos que no volverán a tener empleo, aumentará 3,5 puntos en 2011

La discusión sobre los Presupuestos debería tratar sobre el equilibrio entre déficit y crecimiento

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) acaba de añadir elementos para el debate sobre las prioridades de las políticas económicas a través del Informe sobre el trabajo en el mundo 2010: ¿de una crisis a la siguiente?, hecho público al tiempo que se presentaban los Presupuestos 2011, que Moody's rebajara la calificación del riesgo de España y que el Banco de España comentara que tras el crecimiento incipiente del segundo trimestre del año, la economía de nuestro país había reducido su ritmo durante los meses de julio y agosto. En general (y con más vehemencia para España, junto a Irlanda el país donde más ha aumentado el paro durante la crisis), la OIT apuesta por mantener medidas selectivas de apoyo público para no condenar la recuperación. Además, avisa de que la tasa estructural de paro en España (aquella que fija el número de personas sin posibilidades para acceder de nuevo al mercado de trabajo) va a crecer 3,5 puntos en 2011, frente a la media de medio punto en el resto de la OCDE. Recuérdese que el Gobierno acaba de anunciar una revisión al alza del paro para el año actual (19,8% de la población activa, frente al 19,4% anterior) y el próximo (19,3% frente al 18,9%).

La discusión parlamentaria sobre las cuentas públicas españolas debería proyectar esos dilemas: ¿qué equilibrio ha de haber entre la reducción del déficit y el crecimiento económico?, ¿dónde recortar el gasto público teniendo en cuenta la inmovilidad de compromisos como el pago de pensiones, el seguro de desempleo, los intereses de la deuda y los costes de personal?, ¿qué políticas se deben salvaguardar?, ¿se debe sacrificar la inversión en infraestructuras, que actúa como factor de crecimiento inmediato en periodos recesivos, en beneficio de las partidas que ayudan a mejorar la competitividad a medio y largo plazo, como la de I+D+i o la educación, teniendo en cuenta que España es el segundo país de Europa, detrás de Alemania, en kilómetros de autovías y autopistas, o casi el primero del mundo en líneas ferroviarias de alta velocidad?, ¿cómo se va a financiar el gasto público?, ¿con un mayor esfuerzo de los que ya pagan o mejorando la base fiscal mediante la confrontación con la economía sumergida? (que algunos expertos cifran en el 23% del PIB).

Es difícil ser optimista ante este debate, dado que frente a la defensa numantina del Gobierno de su política económica y sus previsiones de crecimiento (que no comparte casi nadie) se encuentra la parálisis programática del PP que, aupado por el desgaste del primero reconocido en las encuestas, pretende llegar a La Moncloa sin despeinarse. La única huelga verdaderamente general que ha habido es la de las propuestas concretas del principal partido de la oposición: ¿dónde situará el cementerio nuclear?, ¿eliminará el abaratamiento del despido de la reforma laboral?, ¿suprimirá la subida del IRPF, endurecerá la fiscalidad de las Sicav y las retrotraerá a la situación anterior?, ¿anulará la subida del IVA?, ¿qué hará con los funcionarios de los departamentos que quiere suprimir?, ¿y con las pensiones?, etcétera. En esto ha de consistir el fragor de la batalla partidista, más allá de recurrir al lenguaje barato de calificar los Presupuestos 2011 como "los peores" de la democracia. Y, sin embargo, no esperamos nada. Tal vez, más griterío.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Lunes, 4 de octubre de 2010