La gestoría Gespro no paga sus propios gastos corrientes

La situación de Gespro, una de las principales gestorías de comunidades de vecinos de la capital, se oscurece. Si la semana pasada sus clientes descubrían que la empresa no pagaba sus facturas desde el verano -los proveedores les están anunciando cortes de suministros básicos-, ahora asoman en su sede central (calle de Alberto Aguilera, 7) las goteras de la compañía: Telefónica le ha cortado la línea, Iberdrola le quitó la luz de martes a miércoles y la empresa no paga el alquiler de sus locales.

El impago de la renta de sus oficinas lo confirman sus arrendadores; los pufos de luz y teléfono los acreditan sus empleados, hartos de asumir a diario un aluvión de reclamaciones sin el sostén de ningún responsable de la empresa ni de la compañía matriz, la catalana Riva y García Fincas.

En verano dejó de abonar los recibos de las comunidades de vecinos que lleva

El gerente no va a trabajar desde hace dos semanas (tuvo una lipotimia cuando un cliente intentó agredirlo con un casco de moto en la oficina), y una delegada de Riva y Fincas, que cubría sus funciones, se fue el día que la situación saltó a los medios. La compañía culpa de los impagos a dos contables y a cinco administradores a los que ha despedido, pero no menciona las faltas que les atribuye.

Gespro debe, al menos, las facturas de 55 de sus más de 300 comunidades de vecinos, según comprobaciones de este periódico, y retiene los fondos de todas en una cuenta de acceso exclusivo para la empresa (distintas cantidades: 1.000, 35.000, 165.000 euros...).

Otro de sus negocios, la gestión de alquileres (unos 400 en la capital, según fuentes de la empresa), también está entrampado. Una clienta asegura que recibió una llamada anónima de una empleada aconsejándole que dejase de pagar su renta, que va a las arcas de Gespro y luego a la del propietario del piso donde vive.

Tres comunidades han denunciado a la empresa en comisarías y la policía judicial investiga el caso (el lunes visitaron su oficina central).

El Colegio de Administradores de Fincas de Madrid ha recibido 27 denuncias y se ha ofrecido a orientar a los afectados. En una nota de prensa informó de que todo administrador colegiado tiene un seguro corporativo que cubre indemnizaciones a clientes de 200.000 euros, en caso de fallos profesionales involuntarios, y de 25.000 si el error es intencionado, por ejemplo, si se queda con dinero.

La empresa ha dicho que está capacitada para devolverle su capital a cualquier comunidad. Muchas se lo han pedido; tiene un plazo de 45 días para cumplir. A una de ellas le están entregando sus fondos a plazos desde el verano, lo que indica que no está en condiciones de devolver el dinero completo y de inmediato. En buena lógica, Gespro debería poder hacerlo, pues no tiene derecho a emplear el dinero de los edificios que administra en otra cosa que no sean sus gastos. Todos los fondos tendrían que estar íntegros.

La única garantía de devolución que ha concretado la empresa es el seguro del Colegio, que a su vez ha advertido en una nota de prensa, referida al caso de Gespro, que su aseguradora solo responderá por los errores de administradores colegiados, condición que no satisfacen "algunos empleados de la empresa", según el comunicado.

La situación es borrosa. Y los clientes, pesimistas.