El Ministerio de Vivienda olvida las 550 casas para alumnos

La ministra de Vivienda, Beatriz Corredor, acudió ayer a la Universitat de València para cerrar un convenio que facilitará el alquiler de pisos a los estudiantes. Corredor apenas atendió a los periodistas. Tampoco explicó qué ha sido del plan para construir 550 viviendas para alumnos de la Universitat y de la Jaume I de Castellón, recogido en otro convenio que su predecesora, María Antonia Trujillo, firmó en 2007 con los dos rectores. Fuentes universitarias explicaron, sin embargo, que aquella iniciativa decayó y nadie espera que se reactive.

El motivo del fracaso fue doble. De un lado, el día de la firma de aquel convenio la Generalitat no se presentó, por lo que técnicamente el documento quedó como una mera "declaración de intenciones". Del otro, el acuerdo contenía apartados (por ejemplo, limitaba el periodo de arrendamiento de los pisos al tiempo que dura oficialmente una carrera) que contravenían la Ley de Arrendamientos Urbanos, de ámbito estatal, y ese problema de base nunca se solucionó. Las universidades intentaron buscar una salida con el Consell y el Gobierno, sin éxito.

Intermediación

El nuevo acuerdo no prevé la construcción de viviendas, sino habilitar una oficina de la Sociedad Pública de Alquiler del ministerio en el Cade (el servicio de la Universitat de asesoramiento de estudiantes), que mediará entre los estudiantes y los propietarios que quieran alquilar sus pisos. Los precios están regulados (entre 250 y 600 euros al mes) y el Ministerio de Vivienda ofrecerá garantías a los arrendatarios. La Sociedad Pública de Alquiler ya ha participado en el arrendamiento de casas para 5.600 valencianos, aseguró ayer.

Antes de encontrarse con el rector de la Universitat de València, Esteban Morcillo, Corredor firmó otros dos acuerdos con los alcaldes de Benicàssim, Francesc Colomer, y de Gandia, José Manuel Orengo. En esta ocasión sí que acudió al acto el consejero de Medio Ambiente y Urbanismo, Juan Cotino.

El primer convenio prevé que el ministerio invierta 23 millones en la urbanización de un área al norte de Benicàssim, en la que más adelante se construirán 1.400 viviendas, de las que al menos el 60% serán protegidas. El segundo contempla renovar 87 viviendas en el barrio de Simancas de Gandia: el Ejecutivo destinará 3,4 millones, la Generalitat, 2,6 y el Ayuntamiento 570.000 euros.