Triquiñuelas jurídicas

Alan García, presidente de Perú, ha decidido derogar el polémico decreto 1.097. Contra él se habían alzado múltiples voces, desde la del ministro de Justicia a la del Defensor del Pueblo pasando por la Conferencia Episcopal peruana, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos o Human Rights Watch. Y el escritor Mario Vargas Llosa, que la calificó de ser una "amnistía apenas disfrazada". El decreto, preparado por el Ministerio de Defensa, iba a permitir archivar los juicios a militares y policías acusados de haber violado derechos humanos si no había sentencia en 65 días y consideraba, por otro lado, que solo los delitos de lesa humanidad cometidos a partir de 2003 dejarían de prescribir, pues fue entonces cuando Perú se adhirió a las convenciones internacionales que regulan esos crímenes.

Resulta, sin embargo, que la guerra interna que desencadenó Sendero Luminoso tuvo lugar entre 1980 y 2000. Veinte años de violencia que se resumen en una cifra: 69.280 muertos y desaparecidos. La Comisión de La Verdad y la Reconciliación, que investigó a fondo cuanto ocurrió entonces, calculó en su informe final que el 54% de los crímenes había que atribuirlos al grupo terrorista. Pero las fuerzas del orden y los grupos paramilitares participaron también en el horror.

Teniendo en cuenta la lentitud de la justicia, archivar los casos si a los 65 días no hay sentencia es lo mismo que pasar página sin que se condene a ningún responsable de algunas matanzas que ponen los pelos de punta, y que se cometieron contra los más débiles: el 79% de los caídos en aquella guerra vivían en zonas rurales y el 75% tenían el quechua, u otras lenguas nativas, como su lengua materna.

El líder del grupo paramilitar Colina ya anunció que quería acogerse al decreto y el ex presidente Alberto Fujimori (gobernó de 1990 a 2000) esperaba beneficiarse también del mismo para librarse de la condena de 25 años de prisión. Alan García ha tenido que frenar. La firme actitud de Vargas Llosa ha sido decisiva. Renunció a formar parte de la comisión del Museo de la Memoria. Es incompatible, dijo, rendir homenaje a las víctimas y, al mismo tiempo, "abrir mediante triquiñuelas jurídicas la puerta falsa de las cárceles" a quienes cometieron "delitos horrendos".