Sinrazones políticas

El Gobierno está a punto de decidir la localidad donde se instalará el Almacén Temporal Centralizado (ATC) de residuos nucleares, una instalación donde se unificará el almacenamiento de residuos nucleares de alta actividad que generan las centrales nucleares. El Consejo de Ministros estudió ayer el informe de la comisión encargada de recomendar dicha localización; la terna mejor situada está formada por Zarra en Valencia, Ascó en Tarragona y Yebra en Guadalajara.

La información facilitada a las autoridades valencianas por el secretario de Estado de Energía y confirmada por el ministro Sebastián de que Zarra, pueblo de unos 600 habitantes, era la ubicación definitiva del cementerio nuclear provocó una airada protesta de la Generalitat Valenciana; y esa protesta, a la que se unieron los socialistas valencianos, la marcha atrás del Gobierno, cuya vicepresidenta primera negó la existencia de una decisión definitiva y anunció que pedirá un informe jurídico sobre el efecto de un posible recurso contra la decisión; como si no hubiera tenido tiempo de encargarlo en el año transcurrido desde que se planteó el asunto.

Para evitar debates estériles, hay que recordar que existe un amplio acuerdo en que el ATC es imprescindible para controlar los residuos nucleares y que el Gobierno de la nación tiene la responsabilidad de garantizar que dichos residuos se controlan y tratan de la forma más segura. Por tanto, el rechazo que han mostrado hasta ahora casi todos los Gobiernos autonómicos está fuera de lugar. El Congreso instó al Gobierno en 2004 a construir el ATC y avaló el modelo de selección geográfica que acabó el jueves con la presentación del informe de la Comisión Interministerial.

Es evidente que Industria ha estado torpe en la forma de culminar el proceso e informar del resultado. Pero si Zarra es la localidad elegida, el Gobierno valenciano tendrá que aceptarlo. Su oposición al ATC arguye razones geológicas y medioambientales (analizadas y rechazadas por la comisión), pero responde tan solo a la mezquindad de intereses políticos incapaces de aceptar que la negociación para invertir unos 1.000 millones de euros conecta directamente al Gobierno y los municipios, sin que la maquinaria autonómica intervenga para rentabilizar políticamente la concesión. Por su parte, el Gobierno ha vuelto a hacer gran alarde de descoordinación; pero esto ya no es noticia.