La agonía del carbón

El sector del carbón vive en España una agonía que dura décadas y que tiene una fecha límite, 2014, si prospera la decisión de la Unión Europea de prohibir las ayudas públicas a las explotaciones carboníferas a partir de esa fecha. Los problemas del sector son de naturaleza económica y también medioambiental. Desde el punto de vista económico, el carbón nacional no es competitivo con el importado, no solo por la diferencia de salarios o condiciones de trabajo en los países emergentes, sino porque nuestros yacimientos no son comparables en calidad y facilidad de extracción con los de otros países. Las razones medioambientales son claras: el carbón es el combustible fósil más contaminante y cualquier proyecto de disminución de emisiones de CO2 a la atmósfera debe incluir la disminución de su presencia como fuente de energía primaria.

Se alude al carbón nacional como reserva estratégica de energía. Es cierto, pero el hecho es que en el momento actual el parque de generación está sobredimensionado en España, con una importante penetración de renovables y plantas de ciclo combinado de gas natural, menos contaminantes y de mayor rendimiento, que funcionan un número de horas muy inferior al que sería aconsejable en función de los contratos de suministro de gas. Hoy por hoy parece más sensato conservar esa reserva estratégica en los yacimientos que empeñarse en quemarla de forma inmediata.

Las subvenciones al sector alteran el funcionamiento del mercado energético, en particular las subvenciones a las renovables, pero estas son un sector de futuro, por razones medioambientales y de independencia energética, que debe ser apoyado para que pueda llegar a competir con las fuentes de energía convencionales. No es el caso del carbón.

Queda el problema social, agudizado estos días, provocado por la pérdida de importancia del sector. Hay zonas de España que han vivido tradicionalmente de la minería del carbón y que se resentirán gravemente con su cierre. Es el factor que justifica una política de apoyos públicos. Pero a la vista del conjunto de circunstancias sería más sensato, aunque más difícil, encarar directamente la dinamización de esas zonas con nuevas actividades económicas en lugar de persistir en una política que se revelará inviable más pronto que tarde.