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Albert Vilalta y Roque Pascual con el secuestrador Omar Saharaui / TV3
La obligación de cualquier Estado tras el pago del rescate por un rehén es la misma que la de un adúltero al confesar su infidelidad: negar la evidencia. Pero las contradicciones en que incurre el ejercicio de la alta política, rayanas a veces en la desmemoria o la hipocresía, juegan a veces malas pasadas.
España ya no aparece escondida entre los países peor situados de la OCDE. Con los años, sus datos educativos se han ido situando en la media que resulta de comparar a todos ellos, pero aún muestra algún punto flaco, sobre todo dos, para ser exactos: la baja tasa de graduados en Formación Profesional y el número de licenciados universitarios que ocupan puestos de trabajo por debajo de su formación.
Ya no habrá bares de fumadores y de no fumadores en el País Vasco. Ni frontones ahumados por centenares de puros en la boca de aficionados a la pelota. La presencia de un menor impedirá incluso fumar en algunos ámbitos privados como el interior de un coche, y los empleados de los hospitales y centros médicos que siguen aspirando humo en habitaciones especialmente habilitadas deberán abandonar totalmente el edificio.
Se reduce, pero sigue lejos de cerrarse. Y quizá no se rebaja tanto. El Ministerio de Igualdad presentó ayer un estudio con buenas noticias: la brecha salarial -la diferencia de ingresos entre hombres y mujeres por trabajos equivalentes- ha caído en España. En 2008, ellas ganaban un 16% menos que ellos por hora trabajada, frente al 19% menos del año anterior.
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