Una relación enconada

"Esto se arreglaba en una mesa", resume Fernando Hiraldo, director de la Estación Biológica de Doñana, del CSIC. "No le veo el sentido a estar en los periódicos cuando no hay un problema en Doñana", añade en referencia a la publicación esta semana en el Boletín Oficial del Estado (BOE) del primer deslinde que se hará en los 36,8 kilómetros de playa del parque. El enfrentamiento entre el Ministerio de Medio Ambiente -que ha aprobado la expropiación en aplicación de la Ley de Costas- y la Junta de Andalucía -que quiere que el deslinde sea menor del que pretende el Gobierno central- posiblemente acabe en un recurso, que la Administración autonómica está preparando ya. Este es el último enfrentamiento, pero no es el primero que mantienen ambas Administraciones.

La agricultura también ha provocado roces entre los Gobiernos

Cristina Narbona se opuso a la transferencia del Guadalquivir

El anterior encontronazo, que todavía colea, también tuvo como protagonista a la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar del Ministerio de Medio Ambiente. Fue por los chiringuitos. El Gobierno central anunció en 2009 que, en aplicación de la ley de Costas, se revisarían las concesiones y autorizaciones a este tipo de establecimientos. Y alguna de estas instalaciones acabaría desapareciendo al incumplir esta norma. El propio presidente andaluz, José Antonio Griñán, fue el que reclamó en junio de 2009 que las competencias de gestión del litoral fueran transferidas en aplicación del Estatuto.

Gaspar Zarrías, secretario de Estado de Cooperación Territorial, ha anunciado esta semana que el traspaso se cerrará en enero de 2011, con lo que la gestión de autorizaciones de los chiringuitos estará en manos de la Administración andaluza, mucho más receptiva a las demandas de este sector hostelero. Costas contaba con tener esa pelea en la Comunidad Valenciana, pero no en Andalucía con un gobierno del mismo partido.

Griñán ha sido el que, en el caso de Doñana, también ha llevado la voz cantante. El presidente andaluz ha insistido esta semana en que se trata de un problema de forma y no de fondo. Pero ha calificado de "irrelevante" expropiar las dunas continentales del parque al considerar que ya están protegidas. En el ministerio hay técnicos dolidos con la actitud de la Junta en el parque nacional, al considerar que durante la celebración del 50 aniversario y en su gestión diaria ningunea las décadas de gestión del Gobierno.

Los roces entre la Junta de Andalucía y el ministerio no se han limitado a asuntos de protección ambiental. Clara Aguilera, consejera andaluza de Agricultura y Pesca, ha cargado en varias ocasiones contra Elena Espinosa. Aguilera se ha puesto del lado de los productores y las organizaciones agrarias en varias ocasiones y ha criticado la actitud del Gobierno central. Por ejemplo, por la importación de tomates marroquíes -Aguilera llegó a reclamar una política aduanera "mucho más agresiva" para proteger a los agricultores andaluces- o por la cuota de captura de atún rojo en las almadrabas de Cádiz, que el ministerio compagina con la de los cerqueros de Tarragona.

Las discrepancias entre las dos Administraciones tampoco son nuevas. Durante la etapa de la anterior ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, también hubo encontronazos con la Junta. Narbona llegó a criticar en 2006 que en Andalucía se hubiera urbanizado "sin control". Tras un enfrentamiento público con los dirigentes del Gobierno andaluz, la ministra matizó algo esta apreciación.

Otro de los asuntos que provocó tensiones fue el hotel del Algarrobico en el parque natural de Cabo de Gata (Almería). Fue el ministerio el que se puso al frente de las acciones para frenar la construcción del edificio, que todavía hoy está pendiente de ser demolido y cuya legalidad defendió la Junta durante años.

La gestión del Guadalquivir también ha sido motivo de disputa. Narbona se opuso en 2005 a que se transfirieran las competencias del río a Andalucía, entre otros asuntos, porque parte de la cuenca discurre por Extremadura. Finalmente, el ministerio cedió y el Congreso de los Diputados aprobó el nuevo Estatuto de Autonomía andaluz, en el que se recoge competencias exclusivas sobre el Guadalquivir. Este asunto no se ha cerrado todavía. Extremadura, también gobernada por los socialistas, ha llevado el caso hasta el Tribunal Constitucional, que admitió a trámite la demanda.

En una cosa en la que sí que estuvieron ambas Administraciones de acuerdo, resulta que se lo tumbó la justicia. En octubre de 2009, el Tribunal Supremo echó para atrás -apoyando sus argumentos en la Ley de Costas- el acuerdo de un Consejo de Ministros que aprobó, en abril de 2007, la reserva de 287 hectáreas de dominio público marítimo-terrestre dentro de las 527 necesarias para construir el parque industrial de las Aletas en Cádiz. Aquello se justificó en que los usos tendrían un "efecto tractor" en la economía y que no se podía ubicar enen ningún otro lugar.