Costas contra todos por Doñana

La dirección general de Costas del Ministerio de Medio Ambiente tuvo una tramitación extremadamente compleja del deslinde del Parque Nacional de Doñana. Los dueños de terreno -entre los que se encuentra la familia Morenés Mariategui o el jerezano Mauricio González-Gordon y dos promotoras inmobiliarias- alegaron en contra, como es normal. Pero también se opusieron el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), del Ministerio de Ciencia, la Junta de Andalucía, el Ayuntamiento de Almonte y el Organismo Autónomo de Parques Nacionales, del mismo Ministerio de Medio Ambiente. Parques llegó a pedir en julio que se anulara todo el expediente por un defecto formal, según consta en la resolución de deslinde. Al final, Costas, con el apoyo de la ministra Espinosa, optó por seguir el consejo de sus técnicos y expropiar unas 9.200 hectáreas de dunas.

El texto revela una pugna soterrada con la Junta y en el propio ministerio

Dos constructoras y Mauricio González Gordon, entre los expropiados

El 27 de septiembre de 2007, la Demarcación de Costas de Huelva inició uno de sus deslindes más complicados que recuerdan los responsables del departamento. El deslinde delimita la línea que separa la zona pública y la privada del litoral. Es un trámite muy complejo porque la Ley de Costas, de 1988, define el dominio público marítimo-terrestre con criterios geomorfológicos. Establece que serán públicas "las playas o zonas de depósito de materiales sueltos, tales como arenas, gravas y guijarros, incluyendo escarpes, bermas y dunas, tengan o no vegetación, formadas por la acción del mar o del viento marino, u otras causas naturales o artificiales". Los técnicos de la empresa pública Tragsatec consideraron en 2008 que eso englobaba todas las dunas de Doñana y propusieron un deslinde rompedor. Si normalmente es una línea finita en un plano, en Doñana se metía hasta 4,8 kilómetros tierra adentro. Se remontaron a fotografías desde 1956.

La pugna de Costas es con la Junta de Andalucía, pero también con Parques Nacionales y la dirección general de Biodiversidad, contrarios al deslinde. Parques Nacionales y el CSIC temían perder competencias.

Desde que EL PAÍS adelantó el deslinde, el ministerio y la Junta han insistido una y otra vez en que la expropiación no cambiaba nada el régimen de competencias. Sin embargo, la resolución del deslinde, que firmó el pasado 23 de agosto, "por delegación" la directora general de Costas, Alicia Paz, detalla cómo se solapan ambas atribuciones. "En dicho territorio [declarado dominio público] concurren las competencias de ambas administraciones, dotando de una especial protección a ese ámbito territorial, al aplicarse las limitaciones propias de utilización del dominio público marítimo-terrestre con la conservación de los espacios protegidos del parque nacional".

La ley reserva a Costas "la gestión del cominio público marítimo" y las fuentes consultadas señalan que si hay, por ejemplo, una especie invasora, la Junta será la encargada de erradicarla. Pero para dar cualquier uso a las dunas debe pedir informe a Costas, hasta que le transfiera la gestión. El texto explica que la Junta manifestó "su disconformidad con la poligonal de deslinde propuesta en la totalidad del tramo al considerar que se incluyen en el dominio público los sabinares, pinares y navazos de las Marismillas".

Los dueños de terreno alegaron en contra. El CSIC afirmó que "los bienes de su titularidad están destinados a fines científicos de investigación y que los mismos no pueden sufrir afección ni modificación alguna al tratarse de dominio público afecto a la investigación científica".

También estaban entre los dueños la empresa Nubia Veinte Construcciones y Promociones Playa o Mauricio González Gordon Díez, bodeguero y ornitólogo jerezano, uno de los que hace 50 años comenzó a comprar fincas en Doñana. Este consideró que expropiarle era "absolutamente improcedente e innecesario" ya que su finca ya está protegida por estar en un parque nacional.

Varios miembros de la Familia Morenés Mariategui, antiguos dueños de la finca de Las Marismillas -donde está el palacio en el que ha veraneado Zapatero- también criticaron la expropiación. Expusieron que "se habrán de respetar los derechos consagrados" de los propietarios, según lo previsto en la ley. Según fuentes del caso, su intención era ser expropiados por el Parque Nacional, que paga por los terrenos y que ya había ido comprando las fincas. Sin embargo, la expropiación de Costas es "muy singular", como la definió el Tribunal Constitucional en 1991. Costas no paga por el terreno. Lo adscribe al Estado y permite a los dueños que lo usen sin pagar canon durante 30 o 60 años. El problema surge en terrenos sin uso, como este. Costas sostiene que puede dar una concesión a quien tenga una casa, un cultivo o un restaurante. Pero que no puede dar una concesión sobre un trozo de arena, que en esos casos pasa a ser propiedad estatal sin indemnización. Con los informes de sus técnicos sobre la mesa, Costas tenía difícil retranquear la línea de deslinde. Hacerlo supondría que tarde o temprano, el Parque Nacional compraría unos terrenos que el Estado habría podido conseguir gratis con el aval de los técnicos.

Los deslindes suelen acabar en una cascada de recursos en la Audiencia Nacional y este no será una excepción. Pero en Costas advierten que gana el 90% de ellos. Si una empresa pública dice que la duna móvil es necesaria para estabilizar la playa es difícil que una prueba pericial de parte logre convencer a los jueces de lo contrario.