El juez da un impulso al 'caso Terra Mítica' y recupera el delito fiscal

El caso Terra Mítica vuelve a tomar impulso. Se lo acaba de dar el juez que investiga el supuesto fraude fiscal de 4,4 millones de euros cometido por una veintena de empresas a cuenta de las obras de construcción del parque temático Terra Mítica, uno de los sueños del ex presidente de la Generalitat Eduardo Zaplana. El magistrado juez Francisco de Asís Silla decidió el pasado enero dar por nulas todas las actuaciones practicadas desde que se presentó la denuncia en 2006 sobre el delito fiscal. Eso supuso un auténtico varapalo: colocó la causa al borde del archivo. La Fiscalía, el abogado del Estado y la representación de los socialistas recurrieron esa decisión. La respuesta llega ahora: aquella decisión queda invalidada y se continúa investigando el delito central de una trama que, a través de facturas falsas, estafó supuestamente a la hacienda pública 4,4 millones de euros.

El magistrado ha resuelto, al menos de momento, un debate que recorre la causa en todos sus pasos. La Agencia Tributaria presentó una denuncia a la Fiscalía de Valencia en 2005, al borde de la prescripción de los delitos que estaba investigando, y que se refiere a los ejercicios 2000 y 2001. Cuando esa denuncia se presentó, los imputados no tuvieron oportunidad de alegar directamente ante Hacienda. Tuvieron, claro está, la oportunidad de dar todo tipo de explicaciones ante el juez.

La Ley General Tributaria, en el artículo 180.1 recogía entonces, en una confusa redacción, la necesidad de que, antes de cerrar un expediente para dar paso a una denuncia, se dé una última oportunidad a los implicados para que puedan, en su caso, explicar las irregularidades detectadas. Ese trámite no se hizo. No era una novedad. Ejemplos, hay. Y sentencias en distintos órdenes que avalan que no se cercena derecho alguno por no cumplirse ese trámite.

Pero los imputados (ahora 24, aunque llegaron a ser 32) persiguieron la nulidad hasta que la consiguieron de parte de la Audiencia de Valencia, que obligó a Hacienda a dar ese trámite. La Agencia Tributaria lo hizo, pero no para todos. Y volvió a iniciarse el contencioso. En esa ocasión, darles la razón era admitir la prescripción. Y el magistrado del Juzgado de Instrucción número 3 así lo hizo. Pero las argumentaciones de los recursos le han hecho recapacitar y considerar que, en efecto, no se vulneró nada y el delito se debe investigar.Estafa, malversación, blanqueo de capitales y delito fiscal. Ese es el catálogo de delitos que ahora investiga el magistrado titular del Juzgado de Instrucción número tres de Valencia. El magistrado entiende, después de atender las explicaciones de los recurrentes, que la Audiencia de Valencia no tiene una única interpretación. La Audiencia fue la que empezó el lío de los afectados por el expediente de la Agencia Tributaria, antes de que se presentara una denuncia. El juez considera no solo que han sido varias y diferentes las respuestas dadas, sino que desde que se reabriera el caso en 2006, la Audiencia ha tenido que responder a recursos varios y no ha considerado que el delito haya sido nulo. El magistrado juez estima uno de los recursos que normalmente tienen escaso recorrido: el de reforma, que supone el juez cambie su propia posición.

Entre los más afectados por la recuperación del delito fiscal están el empresario Vicente Conesa y su familia. Conesa, amigo de Zaplana, está acusado de defraudar 2,7 millones de euros de los 4,4 que se supone que la trama hurtó a Hacienda. El empresario ya fue investigado en los noventa por supuestas irregularidades en la adjudicación de distintos trabajos por parte del Ayuntamiento de Benidorm cuando el alcalde era Zaplana.

Vivo el delito fiscal, está igualmente viva la información incorporada a la causa de las liquidaciones de IVA y de impuesto de sociedades. Y lo está el trajín de las facturas que la trama orquestó en distintos niveles para, supuestamente, cobrar trabajos no realizados o elevar al alza los que sí se hicieron. En principio, todo ello, con la complicidad de Terra Mítica, que de momento está como imputada, aunque la representación del parque aspire a ser damnificada y poder así reclamar el dinero que presumiblemente le quitaron.

Han quedado pues en papel mojado, al menos en este trámite, los recursos que plantearon un error por parte de la Agencia Tributaria. Esos recursos defendían ante el juez que no se ajustó a derecho la denuncia, porque la denuncia había sido trasladada a la Fiscalía sin dar la oportunidad de alegar sobre las irregularidades que detectó.

El juez ha vuelto a la que fue su teoría, hasta que sorprendente el pasado enero tomó una decisión opuesta. Es decir, el magistrado considera que eso no era en modo alguno una vulneración de un derecho porque cada uno de los imputados ha tenido y tiene aún la posibilidad de explicarse y aportar la documentación que consideraran oportuna a lo largo de la instrucción.

El magistrado deja claro que la decisión que ahora corrige no obedeció a "seguidismo" de otros tribunales. Lo deja especialmente claro en referencia a una sentencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), por la vía contencioso-administrativa, que consideró nulo el procedimiento. Cierto es que esa sentencia es contraria a otras dictadas por la misma sala. En cualquier caso, el titular del Juzgado de Instrucción número tres de Valencia aclara que estima los recursos porque considera que incorporan argumentos que él no contempló en su decisión de nulidad ahora corregida.