Un certificado de honradez para las cajas

El Gobierno catalán ha subido el listón del honor para sentarse en un consejo de administración de una caja de ahorros, aprovechando el nuevo marco legal que regirá la vida de estas entidades en Cataluña, que se aprobará hoy y entrará en vigor pasado mañana. A los requisitos e incompatibilidades ya previstos, la norma actual añadirá ahora la obligación de que los consejeros ejerzan sus funciones "en beneficio exclusivo de los intereses de la caja a la que pertenezcan y del cumplimiento de su función social". El Departamento de Economía negó que este celo se haya introducido por influencia de las irregularidades detectadas en Caixa Girona, que eventualmente pueden dar lugar a sanciones e inhabilitaciones.

Los candidatos a consejeros deberán, además, reunir "requisitos de honorabilidad comercial y profesional", como contar con una "trayectoria personal de respeto a las leyes mercantiles u otras que regulen la actividad económica y la vida de los negocias, y las buenas prácticas comerciales y financieras". Fuera del consejo queda todo el que arrastre antecedentes penales por delitos dolosos y los inhabilitados para ejercer cargos públicos o dirigir entidades financieras.

Otra de las novedades legales que abunda en la profesionalización de los órganos de gobierno de las cajas es la autorización a aquellas entidades que así lo decidan a que el cargo de consejero sea remunerado. Hasta ahora, los consejeros solo cobran dietas. Los presidentes de las cajas que lo decidan pueden cobrar desde la última reforma legal, de 2008.

Los cambios legales del sector se introducen en la adaptación de la nueva legislación estatal que este verano ha abierto la vía a la mayor transformación del modelo de cajas de la historia, y que les posibilita recurrir a los mercados privados de capital para financiarse, hasta el punto de abrir la puerta a su privatización total.

En este nuevo panorama, que acompaña la reorganización del sector y el vendaval financiero internacional, la Generalitat ha blindado sus competencias en materia de cajas en el Estatuto, que en líneas generales ha dado por buenas el Tribunal Constitucional. El Ejecutivo catalán se reserva la última palabra y la potestad de aprobar la participación de una caja catalana en una fusión fría, si una caja cede su negocio financiero a un banco conservando más de la mitad de su patrimonio, o si decide dejar de serlo y convertirse en una fundación tras ceder su negocio a un banco en el que tenga un peso de menos del 50%.

Cataluña tenía 10 cajas y, con el actual proceso de concentración, en el que han participado todas ellas, quedarán tres: La Caixa, Unnim y Caixa Catalunya, Tarragona y Manresa, más otras dos como participantes en fusiones frías (Penedès y Laietana).