Corbacho aboga por elevar a 20 años el periodo de cálculo de la pensión

Las pensiones salen del letargo estival para acercarse al primer plano que les corresponderá a partir del otoño. El ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, lanzó ayer la primera propuesta concreta desde que el Gobierno manifestó su voluntad de elevar de 65 a 67 años la edad legal de jubilación. Corbacho abogó por aumentar a 20 años el periodo que se tiene en cuenta para calcular la prestación (ahora son los 15 últimos años cotizados). Con estas dos intenciones sobre la mesa, el Ejecutivo sienta las bases de la futura reforma de las pensiones, que deberá diseñarse antes de final de año.

"Será inevitable aumentar el tiempo de cálculo más allá de los 15 años", aseguró el ministro en una entrevista con Catalunya Ràdio. Veinte años supone "una cifra razonable" que concita "un cierto consenso", según Corbacho, partidario de aplicar el cambio progresivamente, al igual que ocurrió con el modelo actual. Entre 1997 y 2003, el periodo de cálculo subió de ocho a 15 años.

La mayor parte de los países europeos tiene en cuenta más años cotizados

El anuncio engrosa el argumentario de los sindicatos para ir a la huelga

Aunque el objetivo que esgrime el ministro para aplicar esta medida es aliviar la penalización de quienes han cotizado muchos años pero ven interrumpida su vida laboral antes de los 65, los motivos reales son más ambiciosos. Porque tomar más de 15 años para calcular la pensión beneficia a los prejubilados, pero perjudica a la mayoría, pues las carreras laborales ordinarias suelen concentrar los mejores años de cotización al final de la vida laboral y, por tanto, la pensión crece cuantos menos años se consideren.

No hay estudios rigurosos sobre el impacto económico de una medida de ese tipo, pero el propio grupo socialista en el Congreso maneja una estimación de recorte del 3,6% en la pensión media (886 euros la de jubilación) si sube de 15 a 20 años el periodo de cómputo actual.

Probablemente el cálculo más fidedigno -también el más polémico- lo realizó el Ministerio de Economía en las propuestas que envió a Bruselas a principios del año con sus planes para reconducir el déficit público. En un primer documento que retiró horas después de divulgarlo, Economía estimó que elevar de 65 a 67 años la edad de retiro y computar 25 años (cinco más de lo que se propone ahora) para calcular la pensión supondría un ahorro de cuatro puntos porcentuales de PIB, es decir, 40.000 millones de euros, a partir de 2030.

El revuelo suscitado ante lo que el Ministerio definió como una simulación forzó a Economía a eliminarla del programa de estabilidad que envió a la Comisión Europea en febrero. Desde ese supuesto desliz, el Ejecutivo había aludido de forma más o menos velada a la idea de ampliar el plazo de cálculo de la pensión para garantizar la solidez del sistema, pero sin propuestas concretas como la que ahora lanza Corbacho.

Un portavoz de Trabajo matiza que no se trata de un plan cerrado porque el Gobierno está a la espera de recibir las conclusiones del Pacto de Toledo sobre cómo reformar las pensiones. No obstante, esos 20 años que Corbacho ve razonables también lo son para Isabel López i Chamosa, portavoz socialista en la Comisión parlamentaria del Pacto de Toledo. "Creo que no nos va a costar ponernos de acuerdo en esta materia", asegura la diputada.

Los grupos mayoritarios en el Congreso se han mostrado abiertos a mejorar la relación entre las cantidades aportadas al sistema de pensiones y las percibidas. Y la fórmula más directa para lograrlo es elevar ese periodo de cálculo. "Estamos dispuestos a discutir de todo y a plantear reformas en la línea de nuestro entorno: elevar la edad de jubilación y aumentar el periodo de cálculo", asegura Carles Campuzano, diputado de CiU. La mayor parte de los países europeos tienen en cuenta un mayor periodo de cotización para cuantificar las prestaciones.

El problema es de calendario. Mientras el Gobierno pretende comenzar a elaborar su propuesta ya en septiembre, el Pacto de Toledo aún no tiene redactadas sus peticiones, ajeno a los compromisos que ha adquirido el Ejecutivo ante Bruselas.

En cualquier caso, concretar la reforma de las pensiones antes de la huelga general del 29 de septiembre supone alimentar los motivos que esgrimen los sindicatos para secundarla. Tanto UGT como CC OO se oponen a los planes del Ejecutivo en este terreno.