El director del Instituto Nacional de la Seguridad Social critica el sistema de jubilaciones

El debate sobre la reforma del sistema español de pensiones continúa. El director general del Instituto Nacional de la Seguridad Social, Fidel Ferreras, ha presentado en la Fundación Alternativas un informe sobre el cambio demográfico y las pensiones públicas, dando cuenta de los problemas a los que se enfrenta una población cada vez más envejecida. Ferreras aboga por una adaptación progresiva de la edad de jubilación a la esperanza de vida, una equiparación de la edad legal (65 años en España) y la edad real (ronda los 63) a la que se jubilan los ciudadanos, y una prolongación del periodo de cómputo de las cotizaciones para determinar la cuantía de las pensiones. Y también expone un modelo de revalorización de las mismas -el alemán- que, a su juicio, "es el más acorde con el sentido común": que en lugar de estar sujetas a las variaciones del IPC lo estén a las variaciones de los salarios.

Que en 2060 haya en la Unión Europea cuatro jubilados por cada cinco personas en edad de trabajar, como estima que ocurrirá el Ejecutivo comunitario si no se introducen reformas, no parece una situación sostenible. Menos aun en España, donde se acentúa la tendencia de envejecimiento imperante en Europa. Es uno de los tres grandes problemas que el gobierno de Zapatero quiere arrostrar alcanzando pactos de Estado con la oposición, junto a la reforma laboral y la reestructuración bancaria. Para hacer sostenible la Seguridad Social, según Ferreras, los únicos caminos son trabajar más años, aumentar las cotizaciones o reducir el nivel de protección, cuestiones todas ellas que agradan poco a los ciudadanos.

El director del Instituto ha explicado que desde 1982 el mayor dinamizador del gasto ha sido el incremento de la revalorización de las pensiones. A su juicio, la sociedad española desconfiaría de cualquier medida que pudiera poner en duda las garantías de poder adquisitivo de los pensionistas, y por eso un cambio en el sistema de revalorización no está hoy en día encima de la mesa del debate enmarcado en el Pacto de Toledo. Ferreras asegura, sin embargo, que adaptar la subida de las pensiones a la de los salarios, en lugar de a la del IPC, es lo que funcionaría más acorde a los ciclos económicos y dotaría de estabilidad al sistema público. Es el modelo utilizado en Alemania: el porcentaje de crecimiento medio de los salarios y, con ellos, de las bases de cotización un año determinado, es el porcentaje que crecen las pensiones al año siguiente. En los años 2004, 2005, 2006 y 2010 los sueldos no subieron y la revalorización de las pensiones fue cero. Y en el caso hipotético de que las retribuciones disminuyeran, la ley germana establece que las pensiones no lo hagan, sino que se congelen, tal y como va a ocurrir en España el año que viene.

Ferreras considera que con esta fórmula se evitarían desequilibrios, ya que "el IPC puede subir un año un 8% y los salarios solamente un 2%". La seguridad social tiene entonces que hacer frente a más gastos (subida de las pensiones) con menos ingresos (subida menor de las cotizaciones). El sistema basado en las variaciones de los salarios se aplica también en Austria, mientras que en otros países como Francia o Dinamarca se utiliza un modelo mixto que tiene en cuenta tanto los salarios como el IPC. Ferreras explica que España es uno de los pocos países europeos que basan la revalorización de las pensiones exclusivamente en lo segundo. Y añade que él solo expone el modelo alemán, pero no lo propone; considera que en España hoy en día encontraría grandes resistencias y que "los pensionistas no aceptan que su poder adquisitivo pueda verse reducido como el de un trabajador".

Aclara también que en un país como Alemania el 20% de los ingresos de los jubilados provienen de algo distinto a las pensiones públicas, ya que están muy extendidos los fondos de empleo: pensiones de las empresas acordadas en negociación colectiva con los trabajadores, y que funcionan de forma complementaria a las de la Seguridad Social.

Con respecto a la edad de jubilación, Ferreras indica que en el pasado mayo un 40% de las personas que se jubilaron tenían menos de 65 años, lo que considera "algo pernicioso para el sistema". En su opinión, el coste de las prejubilaciones debe ser asumido enteramente por las empresas y no a medias con la Seguridad Social. Además, asegura, el descenso de la tasa de natalidad y el aumento de la esperanza de vida (48 días más cada año; un año más cada 10 años) hacen que lo ideal fuera "un retraso progresivo de la edad de jubilación, en función del año de nacimiento".

Por último, en lo tocante al cómputo del periodo de cotización para calcular las pensiones, se inclina por prolongar el plazo actual de 15 años (los últimos cotizados). Basa esta idea en que un 20% de los jubilados vienen de una situación de desempleo, por lo que sus pensiones son menores aunque hubieran cotizado mucho 20 años atrás. Lo más habitual, sin embargo, es que en esos últimos años de vida laboral el trabajador reciba los mejores sueldos y, por lo tanto, obtenga después una pensión mayor. La posición de los sindicatos a este respecto es la de dejar libertad para que cada cual elija el periodo de 15 años que más le convenga, sin necesidad de que sea el último. Ferreras lo ve injusto: "es hacerse la pensión a medida". El debate continúa.