El Vendrell y Calafell volverán a perseguir a los 'manteros'

Una fecha límite nada problemática y un cúmulo de promesas aún por concretar permitieron ayer a la Generalitat zanjar la polémica desatada por la afluencia masiva de manteros a las localidades turísticas durante el verano, lo que llevó a los municipios costeros de El Vendrell y Calafell (Baix Penedès) a permitir a principios de agosto este tipo de venta ilegal en zonas acotadas.

Tras la reunión entre las partes implicadas convocada por el consejero de Interior, Joan Saura, los alcaldes de ambas localidades aceptaron desmantelar los zocos de manteros el 1 de septiembre, precisamente cuando los vendedores suelen retirarse de la costa al ritmo que esta se vacía de turistas. A cambio, Saura se comprometió a que los Mossos d'Esquadra intensificarán el acoso policial contra los manteros a partir del próximo mes. "Hemos puesto fin a la regularización que se ha producido estas semanas", celebró el consejero.

Un regidor admite que "el problema no se resolverá a golpe de porra"

El representante de la Confederación del Comercio en Cataluña, Miquel Àngel Fraile, se comprometió por su parte a retirar la demanda interpuesta contra los ayuntamientos por haber adoptado una orden ilegal. "Cuando se elimine este pacto retiraremos la denuncia", aseguró.

Ambos alcaldes, satisfechos por entender que la Generalitat asume un problema que hasta ahora ha afrontado cada ayuntamiento de forma tan aislada como descoordinada, admitieron que la marcha atrás concretada ante Saura sitúa la problemática en el punto exacto que ellos mismos rechazaron y que propició la controversia: el drama de los que se dedican a este tipo de venta se afrontará de nuevo con persecuciones entre agentes e inmigrantes, con la diferencia de que ahora correrán los Mossos en lugar de las policías locales.

"Sabemos que el problema no se resolverá a golpe de porra. Hemos conseguido compromisos pero si la Generalitat no cumple lo prometido, todo seguirá igual", advirtió el alcalde de El Vendrell, Benet Jané (CiU). "Habíamos llegado a esta situación porque nos sentíamos solos. Si los Mossos ofrecen ayuda, accedemos a cumplir la legalidad vigente", aseguró para defender el cambio de postura. "Quizá hemos rayado la ilegalidad pero estamos satisfechos de que haya servido para algo. Aunque este solo es el primer paso", señaló su homólogo de Calafell, Jordi Sánchez (PSC).

Ambos reclamaron la implicación del Gobierno central, que posee las competencias en materia de extranjería, como paso definitivo. "Los manteros son las víctimas de este negocio y eso solo puede resolverlo el Gobierno", asumió Sánchez, agradecido con los comerciantes de Calafell por no haber generado conflictos con la polémica. Los vendedores de El Vendrell, por su parte, siguieron criticando ayer a Jané por entender que la regularización no fue consensuada, al contrario de lo que sostiene el alcalde.

Entre medias, los manteros que pasaron la jornada mercadeando sus productos tan tranquilamente en las zonas legales de El Vendrell y Calafell reaccionaron irritados por la decisión. "No somos un interruptor para que nos ilegalicen o legalicen según les parezca", se enojó Khadir, senegalés que pasará en El Vendrell una última semana. "Igualmente tenía pensado irme en septiembre", aseguró despechado.Lo cierto es que algunos de estos inmigrantes confiaban en que esta regularización tenía un trasfondo humanitario que podía dar un vuelco a su situación. Ahora se sienten como una mera moneda de cambio que los alcaldes emplearon para garantizar la paz social en estas localidades.

"Les diremos que a partir de septiembre recojan sus trastos y se vayan", ilustró duramente Jané. "Intentaremos mentalizarles de que deben ir marchándose porque si se quedan los Mossos vendrán a detenerles. No podemos echarles de la noche a la mañana porque les debemos cierta lealtad después de que hayan cumplido el acuerdo. Son personas", dijo Sánchez, más comprensivo con la dura realidad de los manteros.

El refuerzo del acoso policial es la medida más tangible de entre las asumidas por Interior, que anunció otras acciones aún difusas. La principal baza para evitar nuevos conflictos queda en manos de una comisión de seguimiento todavía por concretar que reunirá a representantes municipales, de la Generalitat y del Gobierno central. También se comprometió a elaborar campañas de concienciación para que los ciudadanos no compren en el top manta, estrategia que ahora planifican los ayuntamientos en solitario mediante fondos municipales de presupuesto y alcance mucho más limitado. Las futuras campañas se asemejarán a las diseñadas en relación a la seguridad vial y profundizarán en la red mafiosa que subyace tras los manteros. Para ello, Interior se servirá además de la televisión pública, que analizará la estructura de las redes que se benefician de este negocio. Saura se comprometió incluso a incluir reportajes monográficos sobre este asunto en programas como el 30 minuts, aseguraron fuentes presentes en la reunión.

Que tanta promesa sirva de algo dependerá de la capacidad de Interior para concretarlas en medidas efectivas, algo que se antoja complicado en un año marcado por las elecciones de otoño, en las que la única certidumbre es que Saura, que no formará parte de la candidatura de su partido, ICV, dejará el cargo en pocos meses. "El consejero nos ha prometido que trabajará duro y confiamos en su palabra", zanjaron los alcaldes sobre el acuerdo que parece aplazar el problema hasta el próximo verano, cuando se pondrá a prueba la eficacia de los compromisos asumidos por la Generalitat.