Tras la liberación

Los dos cooperantes españoles de la ONG Acció Solidària secuestrados por el grupo terrorista Al Qaeda en el Magreb Islámico (AQMI) el pasado 29 de noviembre fueron liberados ayer. Con el regreso a España de Roque Pascual y Albert Vilalta termina la pesadilla que comenzó con el asalto, en una carretera mauritana, a la caravana de ayuda humanitaria en el que también fue apresada su compañera Alicia Gámez, liberada en marzo pasado. El trabajo del Gobierno, con el apoyo de la oposición y la responsabilidad de la sociedad española en su conjunto, han contribuido a este desenlace.

La resolución de este caso no significa que la amenaza contra intereses internacionales en el Magreb haya cesado, por lo que la misma responsabilidad demostrada desde todas las instancias mientras la vida de los cooperantes estuvo en peligro debería mantenerse ahora que ya están de regreso sanos y salvos. Esta era hasta ahora la prioridad; tras la liberación, lo más urgente es reducir al máximo las posibilidades de que algo parecido vuelva a suceder. Los primeros interesados son, sin duda, los Gobiernos de la región, principal objetivo en el punto de mira de los terroristas y a los que estos hostigan mediante el secuestro de extranjeros. Pero poco o nada podrán avanzar si, desde el resto del mundo, no se toma conciencia de los riesgos y se actúa en consecuencia.

Las organizaciones humanitarias se enfrentan a un dilema que afecta al núcleo mismo de su actividad, pero que no pueden ni ignorar ni resolver a través del simple voluntarismo. Continuar con las caravanas ignorando el riesgo que corren sus miembros puede convertirse en una trampa para los destinatarios de la ayuda. Los terroristas siempre obtienen de los secuestros, y con independencia de cuál sea el desenlace, beneficios de toda índole que tarde o temprano esperan utilizar contra las poblaciones que las caravanas se proponen socorrer. Para ser eficaz, la labor de las organizaciones humanitarias solo se puede desarrollar en unas mínimas condiciones que corresponde establecer a la política. En estos momentos, esas condiciones no existen en el Magreb.

Las fuerzas políticas tienen el derecho de saber cómo se ha logrado la liberación y el Gobierno el deber de explicarlo. El lugar es la Comisión de Secretos del Congreso. Enzarzarse ahora en una polémica abierta sobre las decisiones para salvar la vida de dos cooperantes no solo sería estéril sino también arriesgado. Son muchos los actores que han debido intervenir para obtener la liberación, incluidos varios Gobiernos. Lo único que se obtendría al airear las concesiones que han hecho es retribuir con una bofetada sus gestos de buena voluntad para que dos españoles pudieran regresar a casa, además de colocarlos a merced de los terroristas. La inseguridad en el Magreb es un riesgo para toda la comunidad internacional, no solo para España. Nadie debería perderlo de vista.