El Gobierno argentino refuerza su embestida contra el grupo Clarín

Después de que la semana pasada el Ejecutivo argentino le quitara la licencia a la proveedora de Internet del diario Clarín, Fibertel, por presuntos incumplimientos normativos, mañana la ofensiva del Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner se tensará mucho más.

Fernández presentará en la Casa Rosada un informe de 400 páginas donde supuestamente se afirma que los entonces dueños del único fabricante de papel de periódicos, Papel Prensa, se vieron forzados en 1976, bajo las torturas del régimen militar (1976-1983), a vender la empresa a quienes hoy son los principales diarios del país, Clarín y La Nación. El informe podría desencadenar un proceso judicial que amenace la participación de Clarín (49%) y La Nación (22%) en Papel Prensa, compañía que abastece a 170 diarios de Argentina y que está controlada también por el Estado en un 27%. Los diarios temen que el Estado se convierta en el accionista mayoritario de Papel Prensa.

Los periódicos temen que el Estado tome el control de Papel Prensa

El desencuentro entre el matrimonio Kirchner y 'Clarín' se inició en 2008

"El Gobierno pretende adueñarse de los activos y controlar la empresa, manejar la producción de papel nacional para la impresión de diarios y someter así al periodismo independiente hasta llevarlo a una convivencia dócil con el poder", denunció ayer Clarín en un editorial.

En 1976, tras el golpe de Estado, el entonces dueño de Papel Prensa, David Graiver, acusado de vínculos con la guerrilla peronista de los Montoneros, murió en un accidente en México. Su viuda, Lidia Papaleo, vendió las acciones a Clarín, La Nación y La Razón (que en la actualidad pertenece a Clarín). Entre 1977 y 1983 ella y su familia fueron detenidas por el régimen. Ella fue torturada y violada.

El ministro de Relaciones Exteriores de Argentina, Héctor Timerman, declaró en la televisión estatal en junio que "la familia Graiver no vendió en libertad Papel Prensa, como dicen Clarín y La Nación", sino que la operación "nació en una sesión de torturas". Clarín y La Nación afirmaron ayer que, tras el regreso de la democracia, Lidia Papaleo y el resto de la familia Graiver declararon ante la justicia que la venta de Papel Prensa se había producido cinco meses antes de su detención.

El enfrentamiento entre los Kirchner y el mayor grupo de medios de Argentina comenzó en marzo de 2008 al estallar el conflicto que polarizó a Argentina por la subida de impuestos a los agricultores. En Clarín aseguran que Kirchner le pidió al grupo que lo apoyara, pero este se resistió. El periódico cuenta con un suplemento semanal sobre temas rurales y organiza la mayor feria del sector. Fuentes cercanas al grupo admiten otra causa del divorcio: Clarín quería comprar Telecom Argentina (controlada por Telecom Italia, donde Telefónica cuenta con una participación minoritaria), pero Kirchner se opuso. Por una o ambas razones, el grupo abandonó su apoyo a los Kirchner, que respondieron con una fuerte campaña de desprestigio con el lema "Clarín miente". Desde entonces no se detuvo la ofensiva para destruir al grupo acusado de "monopólico". Los medios de Clarín se tornaron en opositores acérrimos. Y el Gobierno usó sus armas contra ellos.

En 2009, Fernández impulsó una nueva regulación de la televisión y la radio, que forzaba a las principales empresas de comunicación a realizar desinversiones. La norma afecta sobre todo a Clarín, pero también a otros grupos como PRISA, editora de este periódico. Diversas reclamaciones judiciales han frenado hasta ahora la aplicación de la nueva ley.

Dentro de su ofensiva contra el grupo Clarín, el Gobierno abrió otro frente al impulsar una causa que estaba paralizada en los tribunales: familiares de desaparecidos de la dictadura denuncian que los hijos adoptivos de la presidenta del Grupo Clarín, Ernestina Herrera de Noble, formaban parte del grupo de 400 bebés de las detenidas ilegalmente por los militares.

Además, el Gobierno consiguió despojar a Clarín de la retransmisión de los partidos de fútbol. En unas polémicas declaraciones efectuadas en agosto del año pasado Cristina Kirchner comparó el contrato entre Clarín y la Asociación del Fútbol Argentino con el secuestro durante la dictadura: "Dimos un paso en la democratización de la sociedad. ¿Saben por qué? Porque no es posible que solamente el que pueda pagar mire un partido de fútbol. Que además le secuestren los goles hasta el domingo, aunque pagues igual, como te secuestran la palabra o te secuestran las imágenes, como antes secuestraron y desaparecieron a 30.000 argentinos. Yo no quiero más secuestros".

El penúltimo asalto se produjo el jueves cuando el Gobierno resolvió quitarle la licencia a Fibertel (25% del mercado), proveedora de Internet de Clarín. El diario dispone de 90 días para buscar otro proveedor. Diputados de derecha y de centro-izquierda han prometido derogar en el Congreso la decisión de los Kirchner porque aducen que atenta contra la libertad de expresión. También la izquierda atacó al Gobierno porque considera que favorece la concentración del mercado en manos de las telefónicas.