Los medios argentinos denuncian el acoso del Gobierno

La presidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, presentará esta tarde en un acto en la Casa Rosada (de Gobierno) un informe que no sólo refuerza la ofensiva de su Gobierno contra el mayor periódico y grupo de medios de su país, Clarín, sino también ataca al segundo diario de mayores ventas de este país, La Nación. La prensa argentina prevé que el documento de 400 páginas denuncie que supuestamente los antiguos dueños del único fabricante local de papel de periódicos, Papel Prensa, se vieron forzados, bajo las torturas del régimen militar (1976-1983), a vender la empresa a Clarín (49% de la papelera) y La Nación (22%). Ambos periódicos han publicado hoy un comunicado conjunto en el que rechazan esa acusación bajo el título: "Una historia inventada para quedarse con Papel Prensa". La mayoría de la oposición argentina criticó la embestida del Gobierno peronista, mientras que otras fracciones pidieron explicaciones a los dos periódicos.

"Los accionistas privados [de Papel Prensa, cuyo 27% pertenece al Estado], venimos denunciando desde hace casi un año un plan del gobierno nacional para apoderarse de la compañía y controlar el papel para diarios, insumo esencial de la prensa libre", comienza el comunicado de Clarín y La Nación. Ambos periódicos atacan al controvertido secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, comisionado por el Estado ante Papel Prensa: "Viene distorsionando con alevosía hechos históricos, manipulando dolorosamente personas y situaciones, reclutando aliados de sugestiva plasticidad y reescribiendo la historia, bastardeando así la bandera de los derechos humanos". Aseguran que "la compraventa se llevó a cabo el 2 de noviembre de 1976", mientras que "en ese momento no había salido a la luz la conexión del grupo Graiver [la familia entonces propietaria de Papel Prensa] con la organización armada Montoneros [guerrilla peronista], vínculo que en marzo y abril de 1977 desencadenó el repudiable secuestro de varios miembros ese grupo por la dictadura militar", según lo declararon las propias víctimas "en democracia", a partir de 1983, ante el juez y un tribunal de segunda instancia.

Antes del acto al que Fernández había convocado a todo su grupo político, sindicalistas y empresarios, se tejen especulaciones sobre si el Gobierno utilizaría el informe de Moreno -que repartió hace unas semanas guantes de boxeo en una asamblea de accionistas de Papel Prensa- para denunciar a los socios privados ante la justicia o para intervenir la compañía que controla el 75% del mercado (el resto del papel se importa) y abastece a 170 periódicos. Hoy por la mañana, el síndico (interventor) general del Estado, Daniel Raposo, opinó que el informe iba a constituir "un paso trascendental que deja al descubierto las maniobras del algunos sectores del poder civil que estuvieron en connivencia con el poder militar, apropiándose de bienes de personas en total estado de indefensión". Raposo dijo que "hay documentación y testimonios contundentes que demuestran" que una de las antiguas dueñas de Papel Prensa, Lidia Papaleo de Graiver, "privada de su libertad, fue obligada a la toma de decisiones, y está claro que su voluntad estaba viciada, dado que no pudo expresar libremente su posibilidad de vender las acciones". Concluyó diciendo que "el futuro de Papel Prensa depende del rol que tenga el Estado a partir de ahora". El periódico Perfil, que respaldó a Clarín en este conflicto, publicó el domingo declaraciones de Papaleo de Graiver sobre el informe del Gobierno: "Tengo las mejores expectativas de una reparación histórica después de 34 años. Estoy agradecida de que haya sido una mujer presidenta la que saldará esta deuda".

En la oposición, el principal partido contrario al Gobierno, la Unión Cívica Radical, difundió un comunicado ayer en el que advirtió que "el Gobierno degrada la democracia, limita las libertades y lesiona la seguridad jurídica". El ex presidente argentino Eduardo Duhalde (2002-2003), peronista disidente, atacó el plan para "confiscar Papel Prensa sin sustento jurídico o histórico". La Coalición Cívica y la conservadora Propuesta Republicana también criticaron la ofensiva del Gobierno contra Papel Prensa. En cambio, Claudio Lozano, diputado del izquierdista Proyecto Sur, dijo que "está claro que el origen actual de Papel Prensa se vincula con las transacciones y contubernios de la época dictatorial, y corresponde que los propietarios den explicaciones". La mayoría de la prensa argentina apoyó la dictadura, con algunas excepciones, como las revistas Nueva Presencia (del colectivo judío) y Humor, los periódicos en inglés Buenos Aires Herald y Southern Cross y la Agencia de Noticias Clandestina del periodista desaparecido Rodolfo Walsh.

Pero el informe del Gobierno va más allá de juzgar posiciones editoriales y busca involucrar a Clarín y La Nación en "caso de delitos de lesa humanidad", según expresaron ambos periódicos. "Los voceros (portavoces) oficiales y sus aliados circunstanciales primero dijeron que la empresa se vendió con los Graiver secuestrados; después, que se hizo en un intervalo de su secuestro y, finalmente, que fue bajo presión de los diarios", relata el comunicado conjunto de hoy.