La deuda con el Gobierno complica aún más las cuentas autonómicas

El presupuesto de 2011, el año en el que el Gobierno plantea bajar el déficit público del 9% al 6% del PIB, será determinante para comprobar la eficacia del plan de ajuste español, bendecido por Bruselas. Con la recaudación fiscal aún muy disminuida, todas las Administraciones afrontan un ejercicio endiablado. La Administración central lidia con el aumento del pago de las prestaciones por desempleo y de los intereses de la deuda pública. Los Ayuntamientos, entrampados hasta las cejas, se estrellan con los límites legales para pedir nuevos créditos. Pero de donde no quitan ojo los inversores es de las comunidades autónomas, cuyos problemas se extreman porque deben empezar a devolver 25.500 millones al Gobierno. Una herencia del fiasco presupuestario de 2008 y 2009 que ha levantado en armas a las comunidades del PP.

Los barones del PSOE ven bien el aplazamiento, pero no se pronuncian

Economía rechaza la propuesta y mantiene los objetivos de ajuste

El Ministerio de Economía hizo una previsión optimista de ingresos en 2008 y, con la crisis ya encima, reincidió con alevosía en 2009. Como resultado, las comunidades recibieron 5.500 millones de más el primer año, y unos 20.000 millones más el segundo. Las reglas del sistema de financiación marcan que las cuentas se saldan dos años después, cuando se comprueba si las cantidades anticipadas casan con la recaudación real. Y así ocurría cada vez que el Gobierno se quedaba corto y tenía que compensar a las comunidades. En esta ocasión, Economía aceptó que las comunidades retrasaran un año la devolución y permitió que el pago se hiciera en 60 mensualidades (cinco años).

La prórroga se incluyó en el nuevo sistema de financiación autonómica, pactado el pasado verano y asumido por las comunidades del PP, que se abstuvieron en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF). Pero cuando la fecha del pago se acerca -en enero, las comunidades deben satisfacer 90 millones del primer plazo mensual por lo adeudado desde 2008-, los barones populares exigen hacer borrón y cuenta nueva.

La reclamación de los Gobiernos autonómicos del PP afloró en la última reunión del CPFF, a finales de julio, y tomó cuerpo en las últimas semanas, con una velada amenaza de rebelión. La petición de varios consejeros de Economía del PP (demorar el inicio del pago y ampliar el plazo de devolución a 10 años) subió de tono con la reunión que celebraron hace poco más de una semana en Santiago de Compostela el presidente de la Comunidad Valenciana, Francisco Camps, y el máximo responsable de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo.

La exigencia del PP ha logrado además la complicidad de varias comunidades socialistas. En los últimos días, dirigentes de Asturias, Extremadura o Aragón han recalcado que hay que cumplir con la ley, pero al mismo tiempo, han dado la bienvenida a cualquier aplazamiento. Andalucía y Cataluña, las dos comunidades socialistas con mayor peso político y económico (y también las que más deben), han evitado un pronunciamiento con repercusiones de mayor calado al limitarse a señalar que la devolución está ya programada en sus presupuestos de 2011.

El principal argumento de las comunidades para otra prórroga es que la vuelta de tuerca que dio Economía en mayo al plan de ajuste les obliga a un recorte de gasto mayor que el previsto en verano de 2009, cuando se acordaron las condiciones de la devolución. Los Ejecutivos autonómicos ponen sobre la mesa además que la naturaleza de sus competencias (educación, sanidad, servicios sociales) dificultan el ajuste y exhiben las medidas ya adoptadas, más ambiciosas en algunos casos (reducción de Consejerías, subidas de impuestos) que las puestas en marcha por el propio Gobierno central.

Las nuevas exigencias autonómicas no han movido la posición del Ministerio de Economía, que rechaza cambiar las condiciones del pago de la deuda. Y las amenazas de rebelión no tienen mucho recorrido, ya que Economía cobrará ese dinero con retenciones en las transferencias a las comunidades.

Sin una nueva prórroga, los Gobiernos autonómicos tendrán que dedicar parte de sus recursos a pagar la deuda con el Ejecutivo. Y eso les puede llevar a incumplir sus objetivos de recorte de déficit. Pero si hay otra prórroga, la Administración central contará con menos ingresos para lograr los suyos. Una difícil ecuación de aún más difícil resolución, de la que los mercados financieros están muy pendientes.