Cataluña podrá vetar 'fusiones frías' de cajas y privatizaciones

La Generalitat tendrá la última palabra en los nuevos modelos de cajas de ahorros que puedan plantearse en Cataluña a raíz de la reforma de la ley que aprobó el Ejecutivo central, entre ellos la privatización de una entidad. El decreto ley, que cuenta con la luz verde del Ejecutivo catalán y ahora debe ser validado por el Parlamento, se reserva la potestad de aprobar la participación de una caja en un sistema institucional de protección (SIP) y en el caso de que cedan su negocio financiero a un banco conservando más del 50% de las participaciones.

El Ejecutivo catalán, según el texto publicado en el Diario Oficial de la Generalitat, también deberá autorizar las operaciones por las que una caja decida dejar de serlo y transformarse en una fundación tras ceder su negocio a un banco en el que tenga una participación inferior al 50%. En este caso, además, el proceso "siempre" deberá "ser controlado" por un representante de la Generalitat que designará el Ejecutivo y que actuará bajo su "dependencia directa".

A pesar de que los amagos de veto estuvieron a punto de abortar más de una unión de cajas, la reforma de la Ley de Órganos Rectores de Cajas de Ahorros acabó por establecer que serán las comunidades, a las que les corresponde la tutela de estas entidades, quienes autorizarán las fusiones de acuerdo con lo "previsto en la normativa autonómica". El texto incorporó un matiz para evitar los vetos discrecionales: la denegación solo se producirá cuando la entidad resultante de ese proceso pueda incumplir algún precepto objetivo. Es decir, si la fusión cumple con las condiciones fijadas, no se podrá vetar.

Aval del Constitucional

Fuentes del Ejecutivo catalán recordaron ayer que el Estatuto da a la Generalitat competencias exclusivas en cajas, lo cual avaló la sentencia del Tribunal Constitucional. Por ello, según las mismas fuentes, si estas operaciones requieren de un cambio de estatutos de estas entidades la Generalitat deberá dar su beneplácito.

Sin embargo, una vez se haya creado la SIP o se haya traspasado la actividad financiera a un banco, la entidad resultante pasará a estar tutelada por el Banco de España y, por lo tanto, quedará fuera del paraguas de la Administración catalana. La Generalitat -junto a Galicia, Madrid y Extremadura- recurrió el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria.