La policía pide al juez detener a un alcalde y tres ex asesores del Ejecutivo de Aguirre

La policía ha descubierto nuevos negocios de la trama Gürtel y ha pedido al juez Antonio Pedreira y a las fiscales anticorrupción la detención del actual alcalde de Boadilla del Monte (Madrid), Juan Jesús Siguero, del PP, y de tres ex asesores del Gobierno de Esperanza Aguirre que supuestamente facilitaron información a las empresas del cabecilla de la red, Francisco Correa, para amañar contratos y adjudicarlos a la trama corrupta.

La unidad de blanqueo de capitales de la Policía, la UDEF, ha elaborado un informe en el que esgrime toda una batería de pruebas e indicios que aconsejan la detención de estas cuatro personas para ser interrogadas y evitar que oculten pruebas. Documentación intervenida en registros en el Ayuntamiento de Boadilla del Monte (44.000 habitantes) revela que Siguero no solo facilitó a la trama Gürtel información previa de contratas que luego sacó a concurso el Consistorio, sino que además se implicó personalmente en la redacción y preparación de los pliegos de licitación que presentaban las empresas de Correa. Este alcalde es el que, con el respaldo del PP, sustituyó al anterior, Arturo González Panero, El Albondiguilla, que dimitió al estar entre los principales implicados en el caso Gürtel.

Correa usó firmas tapadera para acudir a las contratas del Gobierno de Aguirre

Una factura de un acto de los Príncipes fue inflada para ganar un 40% más

La policía sospecha que Siguero intervino activamente, entre otras contratas, en la adjudicación de la Oficina de Atención al Consumidor de Boadilla (OAC) por más de 600.000 euros y un periodo de 14 años. Esta oficina, instalada en el mismo Ayuntamiento, fue cerrada tras estallar el escándalo. Las fiscales anticorrupción Concha Sabadell y Miriam Segura ya han respondido a las peticiones policiales de detención de estas personas con otro escrito en el que rechazan esta medida, si bien avalan que se cite a los nuevos implicados, una veintena solo en Madrid, como imputados o testigos, señalan fuentes de la investigación. El juez no se ha pronunciado aún, explican estos medios.

La policía sostiene que la trama Gürtel estaba plenamente conectada a Alberto López Viejo, ex viceconsejero de Presidencia y luego consejero de Deportes del Gobierno de Aguirre. López Viejo actuaba supuestamente a través de sus máximos colaboradores para facilitar información de primera mano a las empresas de Correa sobre los contratos que salieron de su departamento y de otras consejerías del Gobierno de Aguirre hasta finales de 2008.

Los investigadores han analizado abundante documentación que implicaría a María del Carmen García, mano derecha de López Viejo en su secretaría cuando éste era viceconsejero de Presidencia. También quieren que sea detenido Pedro Rodríguez Pendas, asesor técnico de López Viejo hasta 2007, y Julia López, adscrita a la vicepresidencia de la Comunidad y también bajo las órdenes de López Viejo.

Según fuentes conocedoras del informe, María del Carmen García, "siempre por indicación de López Viejo", facilitaba a las empresas de Correa información confidencial sobre contrataciones y les decía cómo debían confeccionar las futuras facturas y qué debían incluir en sus ofertas para adjudicarse las contratas que iban saliendo, procedentes de casi todas las consejerías de Aguirre. Rodríguez Pendas era otra pieza clave. Entre 2003 y 2008, con López Viejo como viceconsejero de Vicepresidencia, se encargaba de informar a la red de Correa de cómo debía trocear los contratos en cantidades inferiores a 12.000 euros (para evitar el concurso) y qué conceptos debían figurar en las posteriores facturas. Julia López, siempre según estos medios, cooperaba con Rodríguez Pendas y hacía facturaciones, y realizaba diferentes justificantes de pago, con datos falsos, para aparentar que las operaciones se hacían dentro de la legalidad.

La policía implica también a otra decena de personas en sus nuevas pesquisas y pide que se las cite, algunas como imputadas y otras como testigos. Algunos, ya imputados, son trabajadores de las empresas de Correa que, en connivencia con los ex colaboradores de López Viejo, intervenían en las licitaciones y se ponían de acuerdo con los empleados del cabecilla de la trama para conseguir las adjudicaciones. Así, figuran empleados de empresas del grupo Rafael y de las firmas Marketing Quality Management, Decoraciones CMR, que supuestamente habrían intervenido como pantallas de la red Gürtel.

Para disimular, Correa utilizaba a veces empresas ajenas a su vasto conglomerado societario y les daba una comisión a cambio de concurrir a las adjudicaciones que él tenía previamente amañadas y tapaba así la certidumbre de que las contratas siempre recaían en su grupo.

La policía también quiere interrogar a Fernando Martínez Vidal, ex responsable de Relaciones Externas de la consejería de Presidencia y ahora concejal del PP en el Ayuntamiento de Madrid, quien, junto a Rodríguez Pendas, habría solicitado eventos que luego recayeron en la red de Correa.

Entre las empresas investigadas figura Servimadrid Integral, SL, que obtuvo en 2005 y 2006 los contratos para la organización y celebración de la gala de entrega de los Premios de Cultura y la Medalla Internacional de las Artes en la Real Casa de Correos, sede del Gobierno de la Comunidad de Madrid. Y también Easy Concept, una de las sociedades con las que operaba la red corrupta ante la Comunidad de Madrid, infló costes de actos de la Comunidad (por ejemplo, uno al que asistieron los príncipes de Asturias) para ganar un 40% por contrato y en muchos casos los presentaban al cobro en la Comunidad de Madrid bajo la tapadera de la firma MQM (Marketing Quality Management).