"ETA solo tiene un destino: dejar las armas a cambio de nada"

Zapatero aprovechó su última rueda de prensa del curso político para intentar zanjar el amago de polémica sobre la lucha antiterrorista y, en especial, sobre el trato que reciben los presos de ETA que han roto con la banda. "La política penitenciaria [que aplica el Ejecutivo] es la misma que se ha aplicado por todos los Gobiernos desde hace años [incluidos los del PP] y su objetivo es debilitar a ETA y acabar con ella", enfatizó.

El presidente se refería a la concesión de permisos regulares para que puedan trabajar o estudiar fuera de prisión a tres reclusos etarras y de permisos extraordinarios, por un máximo de 36 días al año, a otros siete internos de Nanclares de Oca (Álava). Todos ellos han condenado la violencia y se han mostrado dispuestos a indemnizar a sus víctimas.

El presidente pide que no se reabra la polémica sobre la lucha antiterrorista

Sugiere que Rajoy está al corriente de las medidas con los presos de la banda

Sin embargo, la aprobación de estas medidas no supone, según Zapatero, el preámbulo de un nuevo proceso negociador con la banda, como se ha insinuado desde círculos próximos al PP. "El Gobierno ha sido muy claro y muy firme. ETA solo tiene un destino: dejar las armas a cambio de nada, de nada", enfatizó Zapatero.

El presidente subrayó los "muy positivos" resultados logrados en la lucha antiterrorista y se felicitó de la eficacia demostrada por el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba. Por ello, se mostró sorprendido e irritado ante los intentos por reabrir la polémica que rodeó la lucha contra ETA en la anterior legislatura. "La oposición puede hacer polémica de todos los temas, pero no puedo entender que se haga sobre la lucha contra el terrorismo. Y, además, con el balance de eficacia que tiene el Gobierno, me resulta absolutamente inaceptable", apostilló.

Aunque no entró en detalles, aseguró que las medidas aplicadas por Instituciones Penitenciarias "cumplen escrupulosamente la legalidad" y que se han adoptado "con conocimiento de quien tiene que tenerlo", en alusión al líder del PP, Mariano Rajoy, con quien el Gobierno mantiene un canal de comunicación abierto a través de Rubalcaba y del diputado popular Federico Trillo. "Yo lo que pido, como presidente del Gobierno, es que no volvamos a abrir este tema en el debate político", rogó Zapatero.

Frente a quienes atribuyen los movimientos en el entorno de ETA a un intento por presentarse a las próximas elecciones municipales, recordó que la reforma de la Ley Electoral, pactada con el PP, garantiza que quienes no se separen de la violencia no tendrán representación política institucional "bajo ningún concepto" y que serán expulsados de las instituciones si se descubre a posteriori su relación con el terrorismo.

Lo que no hizo Zapatero fue renegar de su intento de hallar una salida dialogada a la violencia, que se frustró tras el atentado contra la T-4 de Barajas del 30 de diciembre de 2006.

En su opinión, "el proceso de paz fue un instrumento para acelerar [la creación de] las condiciones para ganar esa batalla y ver el final de la violencia". No solo porque la banda ha visto mermada su capacidad operativa -hace un año del último atentado mortal de la banda en España, el asesinato de dos guardias civiles en Mallorca el 30 de julio de 2009- sino también porque se ampliaron "las voces, voluntades y apuestas políticas por el final de la violencia". Es decir, se ha reducido la base social que la apoya.

Aunque se expresó con cautela -"la pelea contra ETA es siempre dura y difícil", advirtió-, Zapatero se mostró convencido de que "la tenacidad está dando sus frutos" y de que se está viviendo la "etapa final" del terrorismo. "Estamos ganando definitivamente la batalla frente a la violencia de ETA", aseguró. Y una de las claves de ese éxito ha sido, en su opinión, la "actitud responsable mostrada por los grupos políticos" en los últimos tiempos.

Inicialmente, el PP no puso reparos a las medidas adoptadas por el Gobierno, al amparo del artículo 100.2 del reglamento penitenciario, pero Rajoy ha ido endureciendo su discurso a medida que ha crecido el tono de las críticas en la derecha mediática y de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), hasta el punto de exigir al Gobierno explicaciones públicas.

El traslado hace más de un mes a la prisión de Nanclares de Oca (Álava) de Idoia López Riaño, La Tigresa, una de las más sanguinarias activistas de ETA, condenada a más de 2.000 años de cárcel, ha contribuido a avivar la polémica, aunque esta no disfruta de ningún beneficio penitenciario, ya que está clasificada en primer grado, pese a que ha roto con la banda.

Muy diferente es la situación de tres disidentes de ETA -Iñaki Rekarte, Andoni Muñoz de Vivar y Fernando de Luis Astarloa- clasificados en segundo grado, que tienen permiso para salir diariamente de la cárcel para estudiar o trabajar.