A mitad de camino

El texto del proyecto de reforma laboral que ayer aprobó la Comisión de Trabajo e Inmigración del Congreso apenas mejora la redacción inicial que presentó el Gobierno. Es cierto que el PSOE y el PNV pactaron a última hora una enmienda que precisa las causas económicas del despido, de forma que aquellos con indemnización de 20 días podrán tramitarse cuando la empresa prevea una disminución persistente de los ingresos que ponga en riesgo su viabilidad o una previsión fundada de pérdidas; pero, al margen de esta clarificación parcial, el proyecto de ley de reforma que se envía al Senado sigue sin decidirse por una eliminación total de la dualidad del mercado de trabajo (tan solo incentiva un poco más los contratos con 33 días de indemnización por despido) y no entra en el cambio legal de la negociación colectiva, que se emprenderá en los próximos seis meses.

No se puede decir que la reforma sea un fracaso, pero este no es el cambio en profundidad que se sugirió como el complemento laboral necesario para aprovechar la recuperación económica en ciernes. La política de incentivos de los contratos fijos con derecho a 33 días de indemnización es un avance sobre la legislación anterior, pero no cierra la brecha entre asalariados con contratos fijos con despidos caros y un gran número de contratos rotatorios, con despido barato. El endurecimiento de las normas contra el absentismo está bien, pero es un problema secundario en relación con los dos mencionados; lo mismo cabe decir de la propuesta de CiU de vincular en el futuro la prestación por paro a las políticas de empleo. Hay mejoras evidentes en aspectos periféricos y pocas en los sustanciales.

Porque la realidad laboral en España es que, con una tasa de paro que ronda el 20%, las empresas no pueden cambiar, mediante una negociación, salarios por despido, de forma que estén en condiciones de despedir a menos trabajadores a cambio de reducir el salario. El viejo paradigma de que la negociación se aproxime a las empresas todavía es solo un deseo lejano en el mercado español y no son pocos los economistas que explican la destrucción de empleo en los últimos tres años como una causa directa de esta inflexibilidad.

La percepción política tampoco es buena. El proyecto apenas se salvó por la abstención de PNV y CiU. Es discutible que la reforma laboral fuese prioritaria, o, al menos, tan perentoria como la financiera o el plan de austeridad pública. A nadie le hubiera extrañado que se encauzara políticamente (una vez fracasada la negociación entre sindicatos y empresarios) con más calma, con las expectativas de recuperación un poco más claras y con criterios más firmes. Pero una vez que el Gobierno aceptó que la solvencia financiera española mejoraría con una reforma laboral, la peor decisión es dejarla a medio camino, entre la irritación creciente de los sindicatos y el rechazo de la patronal. Si el texto aprobado ayer no se mejora, será una oportunidad gastada en balde.