La sentencia fantasma de Barreiros

La noticia saltó a varios medios de comunicación la semana pasada. Una sentencia judicial parecía avalar el polémico planeamiento urbanístico del Ayuntamiento de Barreiros (Lugo), ilegal según la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística (APLU) y delictivo a tenor de la fiscalía, que cree que el Gobierno local prevaricó al conceder licencias de obra para construir casi tantas viviendas nuevas como habitantes viven en el municipio, unos 3.000. El alcalde, Alfonso Fuente Parga (PP), sacó pecho, insistió en que la corporación había actuado legalmente y volvió a acusar al bipartito de "persecución política" por haber intervenido. Una aparente victoria para las tesis municipales que, sin embargo, tenía trampa.

La primera cuestión brumosa fue el origen de la resolución

La primera cuestión brumosa fue el origen de la resolución, que en el mismo día varios periódiicos atribuyeron al Tribunal Superior de Xustiza de Galicia y a la Audiencia Provincial de Lugo. Fuente Parga no quiso facilitar el texto a EL PAÍS. "Pídala a la empresa, yo sólo tengo unas notas", se excusó el regidor. La sentencia había sido emitida por el juzgado de lo contencioso-administrativo número 1 de Lugo.

La resolución ni siquiera se detiene a juzgar si las licencias son legales. Lo que hace es anular la orden de paralización de obras que la APLU dictó para una promoción de viviendas. El organismo público sostenía que las edificaciones -10 bloques con 162 pisos- invadían una parcela de suelo rústico. El juzgado falló a favor de la constructora, que alegó que el plano que utilizó la APLU para medir los lindes no era el que indicaba la normativa, y que éste último situaba las parcelas en suelo urbano. El fallo no evalúa, pues, ninguna de las 44 licencias municipales que concedió el Ayuntamiento en zonas que el fiscal considera de suelo urbano no consolidado con "deficiencias en abastecimiento eléctrico, de agua, saneamiento y carencia de acceso rodado", y que ahora la Xunta pretende legalizar y urbanizar mediante un convenio con la Diputación y el Ayuntamiento que costará 14 millones de euros, la mitad de ellos públicos. El mismo juzgado de Lugo que dictó la sentencia que enarbola ahora Fuente Parga fue el que anuló en diciembre, esa vez sí, la primera de las 44 licencias que según la fiscalía se aprobaron de forma delictiva. Y ese juez todavía tiene que pronunciarse sobre el fondo del asunto: si estas licencias son o no legales.

Barreiros, que todavía no tiene plan de ordenación, se regía por unas normas subsidiarias de 1994. En ellas se basó el Gobierno local para conceder los permisos, sin tener en cuenta la ley de ordenación urbanística de 2002. Esta norma obligaba a adaptar en tres años el planeamiento a la Lei do Solo de 1997. De no hacerse -como sucedió en Barreiros- el suelo de las parcelas debía considerarse como no consolidado. El bipartito anuló en su día las licencias y suspendió las normas subsidiarias.

Fuente Parga no entró en detalles ayer sobre por qué vendió como aval a sus decisiones urbanísticas una sentencia que no se pronuncia sobre las licencias concedidas, por las que el fiscal le acusa de prevaricar. "Si se quita la suspensión de obra es que es legal y la licencia también; no debería haber otra interpretación", arguyó el regidor. El martes sí reconoció a Europa Press que "en este momento no hay ninguna sentencia de esos contenciosos que versaban sobre la interpretación del suelo urbano consolidado y no consolidado (...). Esperamos, cuando salga una sentencia, ver cómo sale y obrar en consecuencia", dijo, sin reparar en el fallo de diciembre que sí censura su actuación.