España dará la residencia a los familiares de los disidentes cubanos
El Ministerio de Asuntos Exteriores quiere "ponérselo fácil" a los familiares de los 20 ex presos cubanos del Grupo de los 75 trasladados a España. El departamento de Miguel Ángel Moratinos baraja extender la figura de la "protección subsidiaria", que ha prometido a los opositores, al centenar de familiares que han viajado a Madrid tras las liberaciones anunciadas el 7 de julio por el Gobierno de Raúl Castro, según fuentes ministeriales.
La protección subsidiaria abre la puerta a la equiparación de derechos con un ciudadano español. La figura conlleva la concesión del permiso de trabajo y de residencia, lo que permite la obtención de la nacionalidad a los dos años, "aunque el trámite suele prolongarse hasta cuatro". El ministerio también se ha comprometido a agilizar la homologación de títulos universitarios de la isla, tanto de los disidentes como de sus familiares.
"La protección subsidiaria es una alternativa excepcional para afrontar una situación muy excepcional", explica en conversación telefónica el profesor de Derecho Internacional de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), Javier Chinchón.
Delitos políticos
Exteriores cree que el proceso de liberación no concluirá con los disidentes encarcelados en la primavera negra de 2003, sino que se ampliará a todos los condenados por delitos políticos "no de sangre". La Habana podría liberar hasta 40 disidentes adicionales en 2010, según fuentes ministeriales. "La isla atraviesa una crisis de proporciones épicas y sus dirigentes necesitan urgentemente la ayuda económica de EE UU", afirman fuentes diplomáticas.
España sostiene que el "cambio de rumbo" emprendido por La Habana es "histórico", como demuestra la intermediación de la Iglesia cubana en el proceso de excarcelaciones. El cardenal Jaime Ortega fue el encargado de comunicar por teléfono las excarcelaciones.
Las negociaciones que condujeron a las liberaciones se aceleraron el pasado año. España confiaba en alcanzar un acuerdo durante la presidencia española de la UE, que concluyó en junio.
Sin embargo, la muerte, tras una huelga de hambre de 85 días del opositor y prisionero de conciencia cubano Orlando Zapata, frustró la decisión.
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