Pedreira imputa a un funcionario y a dos empresarios más en Gürtel

El magistrado instructor del caso Gürtel, Antonio Pedreira, ha citado a declarar a tres nuevos imputados: dos empresarios y un funcionario del Ayuntamiento de Majadahonda, que en estos momentos trabaja en una comisión de servicios en el Consistorio de Villaviciosa de Odón.

Con estos tres nuevos implicados la mayor trama de corrupción de la democracia vinculada a un partido político salpica ya a más de 130 personas, 68 de ellas en la Comunidad de Madrid. Hace menos de un mes, un informe de la Brigada de Blanqueo de Capitales de la Policía (UDEF) atribuyó una decena de delitos a otras 20 personas, entre ellas el actual alcalde de Boadilla del Monte, Juan Siguero (PP). El juez Pedreira todavía no ha decidido si los va a acusar de forma definitiva.

También está implicado en la trama el hijo del empresario imputado

Entre los tres nuevos imputados resalta el ex director del área de Nuevas Tecnologías del Ayuntamiento de Majadahonda, Luis Valor San Román. El magistrado le acusa de cooperación en un delito de prevaricación por su intervención en una de las adjudicaciones millonarias que se llevó una de las empresas del cerebro de la trama, Francisco Correa. Este trabajador municipal fue el artífice, según el auto dictado el 19 de julio pasado, de los pliegos y los informes técnicos que condujeron a la adjudicación de la Oficina de Atención al Ciudadano (OAC) de Majadahonda a la empresa Technology Consulting Management (TCM), vinculada a Correa.

Esta decisión municipal se aprobó en contra de un informe del secretario de este Ayuntamiento. Ello y el posterior fraccionamiento de la contratación de los servicios que incluía la adjudicación, a juicio de la investigación, "provocó que el Ayuntamiento de este municipio abonara a los contratistas cantidades muy superiores, algo que pudo causar un perjuicio económico a las arcas municipales". Presupuestada en 625.053 euros, el coste de la OAC de Majadahonda se disparó hasta los 1,4 millones.Uno de los tres nuevos imputados en el caso Gürtel es el empresario Rafael Naranjo Ane-gón, presidente de Sufi, SA. Esta empresa resultó adjudicataria de la gestión de basuras en el distrito de Moratalaz en 2002, cuando Alberto López Viejo, uno de los principales acusados de la trama corrupta, era el concejal de Limpieza en el Ayuntamiento de Madrid. La sociedad, presidida por Rafael Naranjo, obtuvo el contrato de 48 millones de euros en un periodo de 10 años. El magistrado que instruye el caso Gürtel, Antonio Pedreira, le imputa a Rafael Naranjo un delito de cohecho continuado "al constar numerosos indicios del pago de diversas cantidades a funcionarios y autoridades por mediación de Francisco Correa" para la adjudicación de contratos a Sufi, SA.

En el auto, al que ha tenido acceso EL PAÍS, Pedreira indica que Naranjo podría haber pagado a la organización de Correa una "comisión" de 1.232.074 euros -un 3% del total de la ad-judicación- "por su intermediación ante un cargo público con responsabilidades de gobierno en el Ayuntamiento de Madrid" y con capacidad para adjudicar contratos públicos.

El juez recuerda en su auto que la persona que se encontraba al frente de la concejalía de Limpieza Urbana en el Ayuntamiento de Madrid era Alberto López Viejo que más tarde pasó a formar parte del Gobierno de la Comunidad presidido por Esperanza Aguirre. Según consta en el sumario, estos cargos en el Ayuntamiento y en la Comunidad le sirvieron a López Viejo para ingresar 563.000 euros en concepto de comisiones recibidas por empresas de la trama.

El propio Correa, cerebro de la red corrupta, definió los actos públicos que sus empresas organizaron para López Viejo como "chorizadas". El ex consejero les obligaba a trocear los contratos por facturas inferiores a 12.000 euros para evitar la obligación de someter los eventos a concurso. Los responsables de la red lo agasajaron, según el sumario, con regalos: corbatas, maletines, gemelos y trajes. La trama también organizó el cumpleaños de la hija de López Viejo.

En el caso Gürtel también está imputado el hijo de Rafael Naranjo, Gonzalo, a quien el juez acusa de haber pagado comisiones ilegales al Ayuntamiento de Boadilla del Monte, gobernado por el PP. En los libros de contabilidad de la red Gürtel la policía identificó entregas de 157.800 euros efectuadas supuestamente por Gonzalo Naranjo, empresario "vinculado a la administración de Sufi, SA". Según el informe policial, entre los beneficiarios de esa comisión ilegal, además del propio Correa, estaba Tomás Martín, un dirigente del PP de Boadilla.

La empresa Sufi, SA, también ha resultado salpicada recientemente por la Operación Brugal que investiga el pago de comisiones en la adjudicación de una planta de gestión de basuras en Orihuela (Alicante).

El segundo de los nuevos empresarios imputados por Pedreira en el caso Gürtel es José Luis Cortés Bañares, que aparece como emisor de facturas a diferentes empresas de la red. El juez le acusa de falsedad y fraude fiscal en relación a unos supuestos servicios de asistencia informática.

Por otra parte, el juez Pedreira ha solicitado a la Tesorería de la Seguridad Social que le remita la vida laboral de 36 personas, entre ellas la de la concejal de Pozuelo Yolanda Estrada y la del empresario Jesús Calvo Soria.