El PP ve "enemistad con el partido" en el juez que investiga a Matas
Castro rechaza incluir a los populares como acusación
El ex fiscal de la Audiencia Nacional Ignacio Gordillo, que actúa como abogado del PP en Baleares, pretende que el juez José Castro, instructor del caso Palma Arena, en el que está implicado el ex presidente balear Jaume Matas, entre otros ex altos cargos, se abstenga de investigar este asunto dada su "evidente demostración de enemistad con el partido", contra el que ha formulado "gravísimas imputaciones". Así lo indica el PP en la nueva petición que ha elevado al juez Castro para que le deje intervenir como acusación particular en la instrucción judicial de este escándalo, relacionado con el presunto desvío de fondos en el velódromo Palma Arena y el supuesto enriquecimiento ilícito del ex presidente Matas.
Esta causa ha sido fragmentada en 25 piezas diferentes para poder celebrar otros tantos juicios con cada una de ellas. Una de estas piezas recoge indicios de financiación irregular del PP.
El juez ya contestó a un primer escrito del PP en el sentido de que "la única posición que los gestores del PP de Baleares" podían tener en la causa era la de "autores imputados", pero no la de acusación particular.
El secretario general del PP de Baleares, Miquel Ramis, entiende probada "cierta animadversión" del juez Castro al partido dados los "juicios de valor impropios de una instrucción" que ha vertido en algunos autos. El PP reconoce que quiere recusar al juez, pero que no puede hacerlo porque no está personado en las diligencias.
El PP advierte que las palabras del juez son opiniones del ámbito de la "contienda política" y subraya que el auto en el que el magistrado rechazó la personación revela que "el PP de Baleares tiene innegable derecho a defenderse de las imputaciones que sobre él puedan recaer, pero ocupando", según el auto, "el lugar que le corresponde, que es el de posible responsable civil subsidiario" y con vistas a "hacer frente a las derivaciones indemnizatorias que puedan declararse en su contra".
Por otra parte, el juez del caso Ibatur fijó ayer una fianza de 15.000 euros para el gestor de mítines del PP y concesionario de contratos públicos, Miquel Jaume, propietario del grupo Trui, detenido el pasado lunes.
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