RTVE, al borde de la asfixia financiera

La Comisión Europea ha aprobado el sistema de financiación mediante impuestos de nuevo cuño de la corporación de Radiotelevisión Española, pero mantiene en el aire su decisión sobre la legalidad o no de la tasa del 0,9% aplicada a los ingresos de los operadores de telecomunicaciones, uno de los tres componentes del paquete financiero que dan sostén a la corporación.

La decisión supone que dos de las fuentes de financiación de la televisión pública son aceptables (las aportaciones de las televisiones privadas y la cesión de un porcentaje de la tasa radioeléctrica). Sobre la tercera (el impuesto a las telecos) Bruselas se pronunciará antes de fin de año.

Con esta decisión, la Comisión Europea da un respiro a RTVE al avalar el modelo de financiación implantado por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, que implica la supresión, de un plumazo, de la publicidad en la televisión pública y un aumento de las subvenciones estales. Pero el hecho de que se mantenga en el aire la tasa a las telecos contribuye a incrementar la asfixia económica por la que atraviesa el grupo en su primer año de vida su publicidad.

El Gobierno baraja reducir la subvención de 580 millones anuales

"La situación es dramática", admiten fuentes de la corporación

Para RTVE, estos ingresos son básicos. No en vano, la corporación que preside Alberto Oliart aspiraba a recaudar este año unos 250 millones de euros (100 por parte de las televisiones y 150 a cuenta de las telecos) por este concepto. Un buen bocado de los 1.200 millones presupuestados para este ejercicio.

Pero de momento, estos ingresos no han entrado en la caja de RTVE. "La situación es dramática", admiten fuentes de la corporación, que ven cómo los retrasos en la recaudación están generando ya "dificultades económicas" para hacer frente a los gastos y especialmente a la compra de contenidos. La televisión pública estatal solo dispone de los ingresos procedentes de las arcas del Estado.

De un lado, RTVE tenía previsto recibir del Estado, a través de los Presupuestos Generales, 580 millones de euros. Pero fuentes de la corporación sospechan que el Ejecutivo puede aplicar la tijera y recortar esta partida dentro de la política de ahorro en la Administración y en las empresas públicas. Temen, de hecho, que la subvención se reduzca en torno a un 7%. "Intentaremos que nos afecte lo menos posible", dicen las mismas fuentes.

La otra gran línea de financiación pública corre a cuenta de la llamada "tasa sobre reserva del dominio público radioléctrico", que pagan operadores de radio, televisión o telefonía. Bruselas entiende que este marco es aceptable desde el punto de vista de ayuda de Estado. Del total de la recaudación por esa tasa, el Ejecutivo ha puesto un tope a RTVE. Se embolsará el 80%, con un máximo de 330 millones de euros. Para el actual ejercicio, la corporación estimaba ingresar 320 millones. El cálculo se basaba en una recaudación global de 400 millones. Pero tampoco esta previsión se va a cumplir.

Fuentes del Ministerio de Industria aseguran que en los cinco primeros meses del año -periodo en el que se recauda el grueso de la tasa- ha ingresado alrededor de 290 millones de euros. Y adelanta que hasta fin de año, esta cifra rondará los 320 millones. Echando cuentas, RTVE calcula que recibirá unos 250 millones por la tasa radioeléctrica, 70 menos de lo que esperaba captar por este concepto.

Estos desfases son una seria amenaza a las cuentas de la corporación, que ha aplicado ya una política de ahorro y de contención de costes. Entre estas medidas figuran la rebaja de los salarios del presidente, del consejo de administración y del equipo directivo. Además, Alberto Oliart está multiplicando sus esfuerzos ante la Administración para conseguir más ingresos en la televisión pública.

Tanto RTVE como el Gobierno han recibido con satisfacción el dictamen de la comisión de la Competencia, que preside Joaquín Almunia. Bruselas dudaba sobre la compatibilidad con la legislación comunitaria de los impuestos creados ad hoc por la ley española del pasado septiembre que compensaba a RTVE por la pérdida de sus ingresos publicitarios.

Las normas de la UE sobre ayudas estatales a los servicios públicos de radiodifusión dejan a los Estados amplio margen de maniobra financiadora siempre que no exista discriminación entre operadores ni compensación excesiva que les beneficie en detrimento de la competencia y ahora los servicios de Competencia de la Comisión han llegado a la conclusión, tras un detallado análisis, de que el paquete concebido por el Gobierno está en consonancia con las normas sobre ayudas estatales al garantizar que la corporación no recibirá compensación excesiva por sus servicios públicos de radiodifusión.

El paquete para RTVE abarca nuevas medidas fiscales: por un lado, un impuesto del 3% sobre los ingresos de retransmisión en abierto de las televisiones comerciales y del 1,5% de las emisiones de las televisiones de pagos y, por otro, un 0,9% sobre los ingresos de los operadores de comunicaciones electrónicas.

Desde el punto de vista de las normas que se aplican a las redes de comunicaciones electrónicas, es precisamente este impuesto del 0,9% el que cuestiona Bruselas. El caso dio lugar a que los servicios de Sociedad de la Información incoaran un procedimiento que sigue pendiente de resolución.

La Comisión envió en su día un requerimiento a las autoridades españolas para que explicaran el nuevo impuesto y ahora está analizando la respuesta de Madrid. En caso de que sea insatisfactoria, Neelie Kroes, comisaria de Agenda Digital, remitiría "antes de Navidad", según un portavoz, un dictamen motivado a España instando a la retirada o modificación del gravamen. Eso daría al Gobierno otros dos meses de plazo para replicar. En caso de que la contestación fuera insatisfactoria, la Comisión podría buscar el amparo del Tribunal de Justicia, lo que supondría años de espera hasta conocer el resultado final.