Triunfo de la ilegalidad

Portugal Telecom (PT) ha dejado expirar la oferta de 7.150 millones que Telefónica le presentó por su mitad de Brasilcel, la sociedad con que ambos socios controlan Vivo, líder de la telefonía móvil en Brasil. En el fracaso de la operación ha sido decisivo el uso por el Gobierno portugués de José Sócrates de sus derechos especiales sobre PT, pese a que esa acción de oro ha sido declarada ilegal por el Tribunal de Justicia de la UE.

El Gobierno portugués dejó claro que no iba a esmerarse en aplicar la sentencia y que se amparaba en la falta de eficacia jurídica inmediata del fallo para seguir obstaculizando una operación beneficiosa para ambas partes, con lo que ha condicionado las negociaciones e influido en su fracaso. El desenlace pone en duda la capacidad de Bruselas para lograr que el mercado único se imponga a los intereses nacionalistas de los Gobiernos.

Los accionistas de PT dejaron claro en la junta del pasado 30 de junio su apoyo a la operación. El 41,8% del capital la apoyó. Solo un 14,7% se pronunció en contra. Como se ha visto ya en Bolsa, esos accionistas son los principales perjudicados por el fracaso de la operación, pero el veto pone en cuestión también la seguridad jurídica en Portugal y puede ahuyentar la tan necesaria inversión extranjera.

El Gobierno español, por su parte, se ha refugiado en vaporosos llamamientos al diálogo. Incluso ha apoyado implícitamente el uso de la ilegal acción de oro al calificarla como "una decisión soberana". En vez de pelear por los intereses de Telefónica, Zapatero ha prestado más atención a las protestas de su amigo Sócrates, que ha acusado a la española de actuar con agresividad y prepotencia.

Todos pierden. PT, por no poder hacer efectiva una generosa oferta; Telefónica, porque Brasil seguirá siendo una asignatura pendiente; Portugal, por el descrédito internacional que el uso de una maniobra ilegal supone, y Brasil, al bloquearse la creación de una compañía integrada que preste servicios de telecomunicaciones de modo más eficiente.

La desconfianza entre ambos socios complica mucho mantener la gestión conjunta de Vivo. Telefónica parece dispuesta a intentar romper la alianza mediante un complejo y largo arbitraje internacional de resultado incierto. Pero, pese a los obstáculos en el camino, la operación tiene tanto sentido que lo lógico es que antes o después se acabe produciendo.