Las cajas plantean un ERE para pagar las bajas con más fondos públicos

Las cajas gallegas han mostrado sus cartas en la mesa laboral que negociará las 1.200 bajas necesarias para la fusión. No han gustado nada a los sindicatos que, muy decepcionados, calificaron el ofrecimiento como "infumable", "insultante" y "lamentable". Los representantes de recursos humanos de Caixa Galicia y Caixanova ofrecieron prejubilaciones a partir de 55 años cumplidos hasta el próximo 31 de diciembre para aquellos que lleven como mínimo 15 años en alguna de las dos entidades. Cobrarían el 75% de la retribución fija anual del último ejercicio sin aportaciones al fondo de pensiones, o el 70% con ellas.

A preguntas de un sindicato, las empresas reconocieron que barajan llevarlas a cabo a través de un Expediente de Regulación de Empleo (ERE). A diferencia de las prejubilaciones clásicas, el mecanismo del ERE ofrece un importante ahorro a la empresa que lo ejecuta. En la práctica la prejubilación se transforma en un despido (el trabajador deja de tener vinculación laboral) y durante los dos primeros años cobra el paro (que la empresa completa hasta el porcentaje pactado).

A partir de los 63 su situación se asimila a una jubilación anticipada, con lo que vuelve a cobrar de la Seguridad Social. Además, las indemnizaciones por extinción de contratos están exentas de tributación para el trabajador. Según Comisiones Obreras, el ahorro para las cajas podría ser de hasta un 13%. La indignación por este ofrecimiento corrió como la pólvora entre las centrales. "Ya está bien de cargas las pérdidas de la banca sobre las arcas públicas", denunció Clodomiro Montero, de CIG, al tiempo que recordó que la fusión va a requerir 1.264 millones con cargo a los fondos de rescate habilitados por el Banco de España. "¿Pagan las cajas? No, pagamos todos", resumió José Ramón Pliego, de UGT. Comisiones Obreras no lo ve tan oscuro.Para Luis Mariño, de CC OO, aceptar un ERE "puede tener ventajas en el porcentaje de los salarios". Su sindicato ha admitido esta fórmula en los acuerdos laborales de las fusiones de Cataluña (Caixa Catalunya, Tarragona y Manresa) y Castilla y León (Duero y Caja España). UGT piensa en cambio que serán las cajas quienes salgan ganando a costa del dinero público y de ofrecer "un caramelo" a los trabajadores. Tampoco el CSICA, segundo sindicato de la mesa laboral, está de acuerdo.

Por lo demás, todo fueron malas caras del lado de los trabajadores. La reunión, que se celebró ayer en Santiago, fue, según algunos presentes, muy tensa y "poco preparada", por parte de las cajas, que no facilitaron ningún documento. Las condiciones que proponen se ciñen exclusivamente a aquellos empleados con convenio de cajas de ahorros. Quedan fuera, por tanto, los de la Obra Social, unos 800 puestos. Si de manera voluntaria no se cubren las bajas previstas vía prejubilaciones, la medida se prolongaría hasta finales de 2011, por orden de cumplimiento de los 55 años.

Dinero para moverse

Otro gran paquete de medidas propuestas ayer tiene que ver con la movilidad geográfica por los cierres de oficinas o el solapamiento de la plantilla en los servicios centrales. Las entidades ofrecen una compensación de 3.000 euros (un solo pago) cuando el traslado supere los 25 kilómetros y sea inferior a 100. A partir de 100 kilómetros la compensación será de 10.000 euros.

En cuanto a las bajas voluntarias incentivadas, plantean una indemnización de 35 días por año de servicio con un máximo de 33 mensualidades. La tercera medida para reducir costes laborales es la suspensión temporal de contratos. Los que opten por esta fórmula podrán abandonar su puesto por periodos de tres a cinco años con una pequeña indemnización, equivalente al 30% de lo que les correspondería inicialmente por una baja indemnizada.

La última propuesta tiene que ver con la reducción de la jornada a la mitad, con la consiguiente bajada del 50% del salario. Ningún sindicato admite la primera propuesta de la patronal, aunque esperaban que fuese "de mínimos". La semana que viene serán las centrales las encargadas de mostrar sus cartas, aunque ya han avanzado que siguen sin tener la información que justifique los cierres de oficinas y las bajas.