El caso del espionaje apunta a más 'ertzainas' implicados

Familiares directos del presidente del PNV de Álava, Iñaki Gerenabarrena, trabajan como ertzainas en la división antiterrorista de la policía autonómica, desde donde presuntamente se ha espiado a líderes políticos y empresarios alaveses para pasar la información a este partido. La trama tiene como imputados a dos agentes de la antigua Unidad de Información y Análisis (UIA) -la Unidad Antiterrorista desde la llegada del PSE al Gobierno vasco- por elaborar presuntamente informes sobre personalidades políticas, que acabaron en posesión de dirigentes del PNV. Según los primeros datos de la investigación, nada menos que en manos del hasta hace poco número dos de la formación nacionalista en Álava, Aitor Tellería.

El juzgado de Vitoria encargado del caso busca más implicados que, según fuentes de la investigación, tiene otros dos niveles: agentes de la confianza de los dos imputados y ertzainas que han realizado labores de apoyo. En la Unidad Antiterrorista, un área clave en la Ertzaintza, hay más de 200 agentes. La mayoría han accedido a ella por su buena relación con el PNV, que ha dirigido la policía vasca los últimos 30 años. Entre ellos, un hermano del presidente del PNV de Álava y varios familiares más, confirman fuentes policiales. "Todos los que acceden a lo que era la UIA son de libre designación; todos han sido filtrados por los mandos".

El Euskadi Buru Batzar, la dirección del PNV, tiene sobre la mesa de su reunión semanal de hoy este grave tema, derivado de un escándalo de corrupción conocido en marzo, el llamado caso De Miguel, con una decena de imputados por blanqueo de capitales, tráfico de influencias y cohecho. Entre ellos, el dirigente en cuya posesión se hallaron los informes ilegales: Aitor Tellería, que dejó su cargo al ser detenido en marzo.

Tellería era la mano derecha del máximo dirigente del PNV en Álava, Iñaki Gerenabarrena, un hombre de pedigrí en la formación nacionalista, sobrino de un histórico que también fue jefe de filas en Álava, ligado a otros veteranos de la vieja escuela, como el primer consejero de Interior del Gobierno vasco, Luis María Retolaza, bajo cuya inspiración se concibió y estructuró la Ertzaintza.

En la cultura de Gerenabarrena estuvo siempre la obsesión por la información y su control, fraguada en una cierta fascinación por los servicios secretos extranjeros con los que algunos trabajaron durante el exilio. Determinadas áreas de la policía vasca, como la ahora afectada, han estado históricamente bajo sospecha por su alto grado de penetración por personas de adscripción o probada lealtad al PNV, o con vínculos de familia con sus dirigentes o cuadros de absoluta confianza. Consejeros posteriores como Juan María Atutxa o Javier Balza no pudieron o no quisieron cambiar esos vicios de origen. Los socialistas no han depurado tampoco esas unidades a su llegada, bajo el argumento de primar la profesionalidad por encima de las lealtades políticas y preocupados por preservarse de acusaciones de purgas revanchistas. "Ha sido la unidad pata negra, absolutamente mimada y cuyos agentes tienen un sueldo superior al resto", dicen las fuentes consultadas.

A esa cultura política del PNV y a la tendencia patrimonialista e identificadora de país y partido apuntó ayer el portavoz del PSE, José Antonio Pastor. "Esto no ocurre por causalidad, sino por más de 30 años de poder ininterrumpidos, tratando de identificar los vascos con el PNV", dijo. Ese "sentimiento de propiedad" es "el caldo de cultivo perfecto", añadió.

"Dirigentes del PNV han utilizado información de personas amenazadas a través de los escoltas para tratar de convertir la policía de todos en una policía política", acusó Pastor. Y agregó que parece una trama "de enriquecimiento personal o de financiación irregular del PNV, no sabemos, con ramificaciones en otros territorios". Pastor exigió a la cúpula del PNV no solo muestras de preocupación, sino "medidas duras y contundentes dentro del partido".