Cazado

Nada garantiza que el silencio y la discreción vuelvan a reinar en el ámbito de las cajas de ahorros una vez que el FROB decida esta semana a quién va a adjudicar la intervenida Cajasur. Resulta aventurado avanzar el resultado. Lo único objetivo es que dos de los aspirantes, Banco Sabadell y BBK, llegan en peores condiciones de las esperadas. Por diversas circunstancias, la opción de Caja Madrid ha sido meramente testimonial.

No es momento de cábalas, y lo mejor será aguardar a conocer la decisión del Banco de España, a cuyo gobernador, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, le han puesto las cosas muy claras para que se opte por una salida andaluza.

No obstante, sí hay otro hecho incontestable y es que (además del acuerdo "por arriba" entre PSOE y PP para sacar adelante una profunda reforma de la Ley de Cajas estatal), se ha establecido, paralelamente, otro "por abajo" en Andalucía para fortalecer el sistema financiero. Un marco de referencia novedoso que se ha de tener muy en cuenta a partir de ahora para dibujar el futuro mapa de las cajas en nuestra comunidad.

Lo cierto es que la atención que genera este tema es tal que pasan desapercibidas otras noticias trascendentes. Es lo que ha sucedido con la reciente sentencia del Tribunal Supremo que condena al que fuera delegado estatal de la Zona Franca de Cádiz, bajo el mandato del PP, Manuel Rodríguez de Castro al reintegro a dicho organismo de 522.325 en euros detraídos de los fondos públicos para gastos suntuosos en viajes y lujos de todo tipo.

Unos hechos registrados durante su gestión comprendida desde 1996 hasta 2001 y desvelados por la SER y EL PAIS. Entonces, los dirigentes populares actuaron como dice su manual: echándole la culpa a la prensa y atribuyendo todo a una campaña de difamación contra el que fue presentado en su día como todo un fichaje para el PP gaditano (Rodríguez de Castro), de quien destacaban que era un "estrecho" colaborador de Rodrigo Rato, hoy financiero de toda la vida al frente de la caja madrileña.

Su defensa inicial llevó a su principal mentora, la alcaldesa gaditana, Teófila Martínez, a rechazar las denuncias de irregularidades. Se trataba, afirmaba, de una cacería política dirigida, fundamentalmente, contra ella. A tenor del fallo del Supremo ya sabemos quién ha sido cazado y eso que todavía están por conocerse los resultados de otras demandas. Pero nada hay que temer. Este estrafalario sujeto quedó desvinculado del PP aunque, eso sí, se encargó de dejar huella a su paso por Cádiz.