Cajas más privadas

El Gobierno ha propuesto una reforma radical, aunque de carácter voluntario, de las cajas de ahorros como broche teórico a la reestructuración financiera. Los pilares de esa reforma son la eliminación paulatina de los cargos electos y representantes públicos de sus órganos de gobierno, así como la posibilidad de separar la actividad financiera en un banco filial, mientras que la caja mantiene la función social y la capacidad de emitir cuotas participativas, con derecho de voto, hasta un límite del 50% del patrimonio de cada entidad. La reforma, ejecutada mediante real decreto, cuenta con la aquiescencia del PP, tiene el beneplácito de la Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA) y carga con la oposición de los sindicatos que denuncian la evidente privatización de las entidades.

El sentido de este cambio legal no se entiende sin reconocer que era urgente profesionalizar los órganos directivos de las cajas, para evitar el peso excesivo de las decisiones fuera del mercado que han contribuido a la quiebra de algunas instituciones (CCM) y, sobre todo, la exigencia agobiante de capital que las fusiones impulsadas por el Banco de España no ha satisfecho del todo. El Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) ha inyectado en las cajas españolas en torno a 15.000 millones que se han distraído de otros fines públicos; pero los cálculos de la autoridad financiera simulando situaciones de tensión en un periodo recesivo indican que las cajas necesitan entre 15.000 y 20.000 millones más para asegurar que su capital básico supere el 6% de sus activos ponderados por riesgos, aunque empeoren la economía y la morosidad. El sector público no puede atender esas nuevas exigencias de capital; lo lógico es que las cajas acudan a los mercados.

El decreto ley que aprobó ayer el Consejo de Ministros pretende facilitar una transición rápida de las cajas tal como son hoy hacia entidades que puedan atraer a inversores privados y con menos lastre político. El precio para las cajas que elijan el modelo segregado (banco filial con la actividad financiera mientras que la caja maneja la representación institucional y la fundación) será el de relegar la obra social a un segundo plano. Esta reforma no resuelve el problema inmediato de las cajas (ajustar sus costes en oficinas y personal a las exigencias de la crisis) ni de los bancos (cierre total del interbancario), pero dota a las entidades de mejores instrumentos de gestión para superar la crisis.