De derrota en derrota...

Cada vez que Cataluña ha avanzado en su autogobierno ha sido como fruto del diálogo, la negociación y finalmente el pacto. Fue así en 1914, cuando el Gobierno de Eduardo Dato accedió a la fusión de las diputaciones, bajo el nombre de Mancomunidad de Cataluña. Así sucedió en 1931, cuando Francesc Macià proclamó primero la República Catalana dentro de la España federal y negoció luego el Estatuto de Autonomía de 1932. Volvió a suceder en 1977, cuando el presidente en el exilio Josep Tarradellas acordó con Suárez la restauración provisional de la Generalitat. Y sucedió de nuevo en 1979, cuando se aprobó el estatuto llamado de Sau.

Hasta ayer mismo, los retrocesos o limitaciones, en cambio, se han producido por la fuerza de las armas y de la coacción. En dos ocasiones, en 1714 y en 1939, fruto de sendas guerras civiles en las que los catalanes, su territorio y sus instituciones se encontraron en el bando perdedor. En una ocasión, en 1923, por un golpe de Estado incruento, perpetrado desde la jefatura del Estado. En otra, resultado de una insurrección fracasada contra el Gobierno español legalmente constituido, en la que el Gobierno catalán encabezó el bando de los rebeldes. Solo en la actual las pretensiones de ampliación del autogobierno se han encontrado con las limitaciones marcadas por el más alto tribunal de un Estado de derecho constituido en democracia parlamentaria.

Al independentismo de sentimientos le puede suceder ahora un independentismo de la razón e incluso de la necesidad

La fiesta nacional catalana, el día 11 de septiembre, conmemora la primera de esta serie de derrotas, algo que muchos han reprochado o utilizado irónicamente con relación al espíritu catalanista. Pero tiene también otra lectura, quizás vigente en la actual circunstancia: de las piedras hacen panes; de las derrotas, victorias. Si es posible enumerar las victorias negociadas y las derrotas armadas es porque de todas ellas surgió siempre, una y otra vez, la voluntad de autogobierno catalana. Esta vez, afortunadamente sin armas ya de por medio e incluso con la ambigüedad de las numerosas e incluso diametralmente opuestas interpretaciones de la sentencia, la situación es radicalmente distinta. En primer lugar, porque el amplísimo grado de autonomía ya conseguido y en pleno ejercicio no quedará mermado ni un ápice, y en segundo lugar, porque la sentencia tiene el efecto de terminar con la ambigüedad que había presidido el pacto, el texto y el desarrollo constitucional y estatutario entre 1977 y 1979.

Este efecto clarificador no será el punto final ni el cierre del Estado de las autonomías. Los límites que ha marcado el Tribunal Constitucional respecto a la capacidad constitucional -cuestión controvertida en los dos sentidos, de los que creen que caben más cosas y de los que consideran que ya no caben las que hay dentro- no van a convertirse en el techo del autogobierno catalán, al contrario. Lo dicen claramente las encuestas de opinión y los programas de los partidos. El resultado de la sentencia será la lista de la compra: ese 5% del Estatuto declarado inconstitucional se convertirá en la reivindicación mínima de todas las fuerzas políticas, a excepción del PP y de Ciutadans. Zapatero ya lo ha concedido antes de sentarse con Montilla a analizar la sentencia. También lo conceden el silencio y los esfuerzos de contención de Rajoy, que quiere sacar votos en Cataluña y sobre todo gobernar en Madrid aunque sea con CiU.

Tan evidentes son los efectos clarificadores que permitirán una mejor organización de las reivindicaciones catalanistas. Después de exigir el 5% inconstitucional del actual Estatuto queda todavía margen para reavivar el Estatuto que fue pactado en La Moncloa entre Artur Mas y Zapatero. CiU tiene ahora la oportunidad de recuperar todo lo que entregó a Zapatero en aquella reunión, a la vista ahora del grado de cumplimiento de los compromisos entonces adquiridos por el presidente del Gobierno. Y Esquerra Republicana y todo el independentismo tienen la oportunidad de resucitar el texto entero aprobado por el Parlament, antes de que pasara por los sucesivos cepillos de unos y otros.

El presidente Montilla declaró ayer que su único plan B es que se cumpla el plan A, es decir, la aplicación por una vía u otra del Estatuto en su cien por cien. Pero eso no va a evitar que, aunque solo sea como cautela, quienes desconfían del plan A o incluso quienes quieren asegurarse de que se cumplirá, empezarán a preparar el plan B. Hasta ahora conocíamos un independentismo de sentimientos, ahora empezará el independentismo de la razón e incluso de la necesidad.