Sentencia como señuelo

La sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto de Cataluña ha desencadenado un alud de declaraciones a cual más estridente que revela las dificultades para interpretar sus consecuencias políticas. Las razones no responden tanto a la complejidad del texto estatutario y los difíciles equilibrios del pronunciamiento del Constitucional, como a la perspectiva electoral en la que se han instalado los partidos. Además de decidir sobre la continuidad o no del tripartito, las próximas autonómicas catalanas afectarán a las alianzas que sostienen al Ejecutivo de Rodríguez Zapatero y, por tanto, a la estabilidad política de la totalidad del país.

Si el presidente de la Generalitat, José Montilla, se ha sumado a la manifestación del 10 de julio ha sido para evitar que se vuelva en su contra, ignorando que el papel de las instituciones no es sacar a los ciudadanos a la calle. Pero colocarse a la cabeza de la manifestación no ha evitado las tensiones en su Ejecutivo sino que las ha aflorado con mayor nitidez, ofreciendo una prueba adicional de la inviabilidad de la actual fórmula de Gobierno. Montilla desea no verse sorprendido el 10 de julio por desbordamientos soberanistas y propone marchar detrás de la senyera. ERC, por su parte, pretende ocultar las dificultades para definirse frente a un texto que no apoyó y que ahora considera como la encarnación de la dignidad de Cataluña, jugando a todas las bazas. Y otro tanto cabe decir del tercer socio del tripartito.

La incongruencia también se ha adueñado del discurso de Convergència i Unió, empeñada en subrayar su desacuerdo con una sentencia que no hubiera considerado tan lesiva de haberse dictado hace cuatro años. El hecho de que Artur Mas concentre su crítica en Zapatero, al mismo tiempo que evita cualquier mención al Partido Popular, solo puede interpretarse como un deseo de ampliar su margen de maniobra para formar Gobierno. Pero esta estrategia revela una profunda contradicción entre sus proclamas contra la sentencia y su simultánea condescendencia hacia el partido que interpuso el recurso.

El PP pretende ahora hacer que se olviden sus muchas responsabilidades en el desaguisado manteniendo un perfil bajo, con algunos extemporáneos exabruptos a cargo de su secretaria general, María Dolores de Cospedal, y del ex presidente del Gobierno José María Aznar. No es solo que el recurso sobre el que ha decidido el Tribunal sea de su autoría, sino también que ese recurso pretendía la anulación de la mitad del Estatuto, no únicamente de los 14 declarados inconstitucionales y de la casi treintena de los que han sido interpretados. Al PP también le incumbe responder por el catastrofismo desplegado durante cuatro años con el propósito de exacerbar las tensiones territoriales, aspirando a obtener réditos políticos como garante de una unidad que él mismo se encargaba de desafiar. Artículos que ha recurrido en el caso de Cataluña han sido respetados en los nuevos estatutos de comunidades en las que gobierna.

Las declaraciones iniciales del Gobierno central hablando de derrota del PP estaban fuera de lugar, como también las que pretendían transmitir la sensación de que un proceso improvisado y tortuoso había estado siempre bajo control. Porque si alguna victoria hay en la sentencia será de todos, lo mismo que si lo que hay es una derrota. Por fin el Tribunal Constitucional se ha pronunciado, lo que equivale a decir que ha fijado una nueva regla de juego. A partir de este momento, lo que correspondería a todos es atenerse a ella. Porque si alguna desafección puede producirse en el inmediato futuro es la de los ciudadanos con una clase dirigente que, utilizando la sentencia del Estatuto como señuelo, aspira a ganar elecciones a costa de instalarse en la incongruencia.