Economía retiró su proyecto de vigilar las cuentas de los políticos españoles

La directora general del Tesoro, Soledad Núñez, anunció a bombo y platillo en abril de 2009 que el Gobierno había elaborado el anteproyecto de ley antiblanqueo más duro de Europa, según el cual todos los políticos españoles, además de sus familiares y allegados, serían sometidos a una "vigilancia reforzada" en sus cuentas corrientes y operaciones financieras. Sin embargo, meses después, el término "españoles" desapareció del texto enviado al Parlamento, que fue aprobado con amplio consenso a finales de abril de 2010.

Las presiones de varios colectivos, entre otros de la Confederación de Cajas de Ahorros (CECA), motivaron este cambio de opinión. Alguno de sus representantes llegó a decir en una reunión: "¡Cómo vamos a vigilar a nuestros jefes!". Una enmienda presentada por el grupo IU-ICV para añadir el término "nacionales" fue rechazada por los restantes grupos. Con la nueva ley solo se vigilará a los políticos "extranjeros".

La ley antiblanqueo reduce a solo los políticos extranjeros el colectivo a vigilar

Un día después de la celebración en Londres de una cumbre del G-20 donde se decidió atacar a los paraísos fiscales, Soledad Núñez, directora general del Tesoro, convocó un encuentro con la prensa para detallar las medidas que tenía preparado el Gobierno para combatir el blanqueo de capitales. En realidad, el anteproyecto que anunciaba era una trasposición de una directiva europea y España había sido advertida desde 2008 por su tardanza en hacerlo. No obstante, la intención del Gobierno español, y así lo expresaba Núñez, era la de aplicar una línea dura. Y esa dureza estaba protagonizada por la vigilancia de las cuentas de los políticos españoles, sus familiares y allegados.

Incluir a los políticos nacionales en la cesta de la "vigilancia reforzada" no era una obligación. Algunas instituciones sí lo recomendaban, pero la directiva europea contemplaba que los "políticos nacionales" son clientes de bajo riesgo y no exigía su inclusión. La decisión de incluirlos en el texto no extrañó a los expertos habida cuenta de los antecedentes de casos de corrupción sucedidos en España en los últimos tiempos. España está por detrás de los países de su entorno (salvo Italia) en la lista de Transparencia internacional sobre corrupción.

Meses después, cuando la vicepresidenta del Gobierno anunció la aprobación por el Consejo de Ministros del anteproyecto de ley sobre prevención del blanqueo de capitales, habló de línea dura pero no hizo mención alguna a la desaparición del término "españoles" en el texto.

El redactado del anteproyecto era muy claro. En su artículo 14, referente a "personas del medio político" decía: "Los sujetos obligados aplicarán medidas reforzadas de diligencia debida a aquellos clientes que tengan la condición de personas del medio político, considerándose tales las personas físicas, españolas o extranjeras, que desempeñen o hayan desempeñado funciones públicas importantes, así como sus familiares más próximos y personas reconocidas como allegados". El redactado final de la ley, en su artículo 14, dice ahora lo siguiente: "Se consideran personas con responsabilidad pública aquellas personas físicas que desempeñen o hayan desempeñado funciones públicas importantes en otros Estados miembros de la Unión Europea o en terceros países".

En una larga respuesta por escrito, el Ministerio de Economía y Hacienda, explica las causas de la "exclusión de los nacionales". Primero señala que no había una obligación de hacerlo de acuerdo con la directiva europea para luego explicar que el anteproyecto fue sometido a debate con otros organismos, tanto públicos como privados. "Este proceso de elaboración", señala la respuesta escrita, "hace que el texto se caracterice por su ausencia de rigidez, ya que se ha ido modificando a medida que se decidía la incorporación de nuevos contenidos (...) ha sido precisamente, una vez concluida la fase de audiencia pública, a la luz de las observaciones y propuestas recabadas y tras realizar ese proceso interno de análisis, cuando se tomó la decisión de modificar el texto inicialmente presentado". El texto puntualiza que "no se ha desarrollado proceso de negociación alguno con colectivos afectados".

En su trámite parlamentario, una vez excluido el término "españoles", la ley tuvo un transcurso tranquilo con un amplio consenso. Solo IU-ICV, a través de Joan Herrera, presentó una enmienda para añadir el término "nacionales", en dicho artículo 14, enmienda que fue rechazada.

Gloria Gómez, portavoz del PSOE en la comisión de Economía, defiende el actual redactado de la ley y rechaza "interpretaciones torticeras" sobre la exclusión del término "españoles". "Se ha aprobado la ley más dura de Europa y así lo han manifestado varios colectivos, como el notariado". "¿Por qué tenemos que sospechar del cargo público? No tiene sentido investigar a todo el mundo y hacer una acumulación de datos de tal calibre. Si un político tiene siete ferraris claro que habrá que investigarle, pero si yo le mando un dinero a mi hija para sus estudios no veo por qué tendrían que hacerlo. La ley cumple fielmente la directiva europea que considera a los políticos nacionales como clientes de bajo riesgo". En el mismo sentido se manifiesta Baudilio Tomé, del PP: "No conozco todos los borradores del anteproyecto, pero que haya que vigilar a 60.000 personas entre concejales, cónyuges y sus vínculos familiares me parece exorbitante. No decía eso la directiva. Íbamos con retraso en su aplicación, pero el texto se aprobó sin problemas. Con mucho consenso".