Interpreta, interpreta, que algo queda

Si uno lee estos días la prensa norteamericana, se da cuenta de la importancia que se atribuye a la elección de los miembros del Tribunal Supremo. Estos días la nueva candidata propuesta por Obama, Elena Kagan, se somete a extenuantes sesiones de interrogatorio por parte del comité del Senado encargado del tema. Parece claro que será elegida, pero no se lo ponen fácil. Rastrean cada una de sus declaraciones y comentarios de cuando ejercía como decana de la Facultad de Derecho de la Universidad de Harvard. En muchos casos sus respuestas son poco explícitas y rodeadas de ambigüedades, y le recuerdan que ella escribió hace años que los candidatos a formar parte del alto tribunal tenían que "mojarse" más. Es habitual, y más estos días con motivo de los hearings de Kagan y tras la reciente sentencia que interpreta la segunda enmienda de la Constitución en el sentido que todo norteamericano tiene el derecho a tener armas en casa, que se repasen con detalle las orientaciones políticas e ideológicas de los miembros del Supremo. Cada uno de ellos estará, previsiblemente, muchos años en el cargo, y solo dejará el cargo por muerte o por petición propia. El juez Stevens esperó pacientemente a que llegara un presidente demócrata para pedir el cese, y en esas estamos con la propuesta de Kagan (que nunca ha ejercido de juez) por parte de Obama.

Nos conviene a todos mejorar y reforzar los mecanismos de elección de los altos magistrados

Es evidente que no me refiero a ello con un afán meramente divulgativo. La sentencia sobre el Estatuto finalmente pergeñada y la aún más reciente aceptación a trámite del nuevo recurso del PP sobre la ley que regula la interrupción del embarazo sitúa al Tribunal Constitucional, una vez más, en el centro de la escena política española. La larga experiencia norteamericana nos muestra la gran significación extrajurídica de la labor del Supremo, que como es sabido cumple funciones de última instancia de apelación y labores de tribunal constitucional. De interpretación en interpretación, han ido cambiando la manera de entender leyes y prácticas sociales. Han decidido elecciones (recordemos el conflicto generado por el polémico recuento en Florida que acabó con la victoria de Bush sobre Gore tras la decisión de liquidar el escrutinio papeleta por papeleta por parte del Supremo). E históricamente han hecho convivir la Constitución norteamericana con esclavitud, segregación o la formal integración racial actual. Desde que el chief justice es John Roberts, los temas vinculados al mundo de los negocios han tenido más eco, y así sobresale la sentencia por la que se permite el uso ilimitado de recursos de las corporaciones para financiar las elecciones políticas. Y se considera asimismo que, en estos últimos meses, la jurisprudencia está tendiendo a reforzar los aspectos de seguridad por encima de los propios de las garantías en la obtención de pruebas.

En España, el Tribunal Constitucional (y los otros altos tribunales, en mayor o menor medida) están convirtiéndose cada vez más en escenarios privilegiados de conflicto político. A medida que se va haciendo más complicada la situación económica y social, los incentivos de los que se encuentran en la oposición para buscar cualquier medio por el que frenar la acción de gobierno se hacen más y más fuertes. Los periodos entre elecciones se hacen eternos para los que solo pueden quejarse de lo mal que lo hacen los que gobiernan. La impotencia genera radicalización y politización de todo lo que se ponga por delante. Y delante están los tribunales. No me cabe duda de que la cosa no va a ir a mejor. Al revés. Cada vez más los jueces recogerán los bloqueos del sistema político y la controversia social (véase el libro del profesor José Esteve El desconcierto del Leviatán). Recordemos además que los 27 artículos del Estatuto que han visto condicionada su constitucionalidad a que se siga en su aplicación lo que los actuales magistrados entienden que es la interpretación auténtica, pueden mañana ser objeto de interpretaciones divergentes, mejores o peores. Mientras esperamos institucionalidades alternativas, nos conviene a todos mejorar y reforzar los mecanismos de elección de los altos magistrados. Más debate y transparencia en la selección, más reconocimiento de la pluralidad territorial y política. Más examen cruzado de los nombramientos en el Parlamento. Menos corporativismo judicial estrecho. Y más seguimiento de quién es quién y quién vota qué en cada ocasión.