Un veto intolerable

El gobierno portugués ha vetado la venta a Telefónica de la participación accionarial que tiene Portugal Telecom (PT) en Vivo, el operador de telefonía móvil de Brasil que cuenta con más de 55 millones de clientes en aquel país sudamericano. La oferta de Telefónica fue aprobada por más del 73% de los accionistas de PT, a pesar de lo cual Lisboa hizo uso de sus derechos políticos especiales o acción de oro para impedir la venta. Las reacciones de estupor no tardaron en producirse. La más irritada, la de la vicepresidenta de la Comisión Europea, Neelie Kroes, quien se despachó con un duro alegato contra las medidas proteccionistas y contra quienes se oponen a un mercado digital europeo. Bruselas, que considera ilegal la acción de oro portuguesa en PT, ya la había denunciado ante el Tribunal de Luxemburgo.

Las razones de Sócrates para vetar la operación carecen de fundamento. El primer ministro aludió ayer a "intereses nacionales" para explicar el veto. Poco después, entró en contradicción consigo mismo al afirmar que la oferta de Telefónica (7.150 millones) "no cubría los intereses estratégicos que Vivo representa para PT": una sorprendente muestra de arrogancia de quien juzga saber mejor lo que le conviene a PT que los propios dueños de la compañía. El daño sufrido por estos, que se ven así privados de una plusvalía considerable, justifica que, a pesar de tanta palabrería, la decisión pueda calificarse de arbitrariedad provinciana.

La Comisión Europea ha expuesto en muchas ocasiones su oposición a la llamada acción de oro, pero Sócrates y su equipo parece que no se han enterado de las graves consecuencias que tiene una intervención directa del Estado en una operación entre empresas que operan en un mercado abierto. No se trata en este caso de empresas eléctricas, que no pueden integrarse en un mercado europeo por barreras naturales, monopolios obligados o dificultades físicas de interconexión. Si puede razonarse un veto energético en virtud de la seguridad del suministro, en el caso de la telefonía digital no existen condicionantes. El servicio tiende a ser universal y existe tecnología para traspasar cualquier frontera. Lo más sensato sería que Bruselas llame a capítulo al Gobierno de Sócrates y que Telefónica recurra la decisión portuguesa. Argumentos tiene para ganar el recurso. Para empezar, el daño causado a los accionistas.

La decisión portuguesa demuestra que la unidad económica europea es imposible mientras se prodiguen con naturalidad estos rasgos de nacionalismo rancio. Pero además del conflicto con Europa, la decisión deja en mal lugar al Gobierno español, cuyo presidente, Rodríguez Zapatero, apoyó en 2004 el nombramiento de Durão Barroso, candidato de Lisboa, a la presidencia de la Comisión Europea. Por inadvertencia o porque no se ha calculado la importancia de la operación, el caso es que, de momento, se ha perdido una gran oportunidad empresarial para Telefónica.