España exige la publicación "inmediata" de las pruebas a la banca europea
La vicepresidenta del Gobierno y ministra de Economía y Hacienda, Elena Salgado, se mostró ayer partidaria de la publicación "inmediata" de las pruebas de resistencia (stress test) de las entidades financieras europeas para verificar la solvencia del sistema bancario español.
En declaraciones a la Cadena SER, Salgado precisó que "España desea que se hagan públicos lo antes posible los test de solvencia". Con el propósito de "demostrar que toda nuestra banca tiene una posición de solvencia inmejorable", la vicepresidenta anunció que pedirá en el próximo Ecofin del 13 de julio, que se publiquen de "inmediato" las pruebas a la banca.
Los stress test tienen su antecedente en el ejercicio efectuado en 2009 por las 19 principales entidades financieras de las 8.000 existentes en Estados Unidos en una operación de transparencia que puso de relieve la necesidad de recapitalizar la mayoría de ellas con 74.600 millones de euros. En Europa, una iniciativa similar fue decidida por el Banco de España el pasado 16 de junio, y al día siguiente, a propuesta de España como presidenta de turno de la Unión, fue aprobada por el Consejo Europeo.
Muchas entidades
El compromiso europeo es que, a diferencia de Estados Unidos, en Europa las pruebas de resistencia afectarán a un gran número de entidades, seguramente a muchas más de las 26 o 100 que se han mencionado hasta ahora. Los resultados deben publicarse antes de finales de julio. El objetivo fundamental es demostrar que las entidades examinadas contarían con el capital suficiente para hacer frente a una hipotética crisis financiera. Para ello, junto a la operación de desvelar la situación financiera, se anunciarán al mismo tiempo las ayudas públicas necesarias para sanear las instituciones con problemas.
Por otra parte, la Comisión Europea aprobó ayer el plan de rescate destinado a sanear la Caja Castilla La Mancha. La entidad recibió una garantía estatal de 3.000 millones de euros en marzo de 2009, seguida por una inyección de capital de 1.300 millones aportados por el Fondo de Garantía de Depósitos, una aportación de liquidez de 350 millones y una ayuda para compensar los activos dañados de 2.500 millones de euros.
Bruselas prorrogó ayer también el plan español de garantías de España, Irlanda, Dinamarca y Hungría hasta el próximo 31 de diciembre.
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