Crece la presión para que Convergència aclare su relación con el 'caso Millet'

La publicación de más datos que apuntan hacia un supuesto pago de comisiones desde Ferrovial a Convergència Democràtica de Catalunya (CDC), o a su fundación Trias Fargas (ahora denominada Catdem), redobla la presión política sobre CDC para que explique su relación económica con el ex presidente del Palau de la Música Fèlix Millet, y su equipo de gestores. Los partidos del Gobierno catalán exigen que CDC explique evidencias de una presunta financiación irregular.

Ayer, La Vanguardia publicó que Fèlix Millet había anotado pagos al contable (fallecido) de Convergència, Carles Torrent. Estos apuntes, hallados en su ordenador, en el de su secretaria y en el de la secretaria de Jordi Montull, describen supuestas comisiones del 4% por las obras de la Ciudad de la Justicia y de la línea 9 del metro. De este porcentaje, el 2,5% iba a parar a Carles Torrent y el 1,5% a Millet. Las comisiones por las obras de la Ciudad de la Justicia (2006) subirían a casi dos millones de euros y por la línea 9 del metro (2004) serían de 3,46 millones de euros.

El tripartito pide que el líder de CDC, Artur Mas, dé explicaciones

Además, Millet habría pedido en 1999 a Torrent que hiciera "lo imposible" para conseguir obras para Agroman, que aquel año se fusionaría con Ferrovial. "Si no fuera que estamos quedando mal, no te insistiría", escribe.

No es la primera vez que anotaciones del equipo de Millet desvelan supuestos desvíos de dinero de Ferrovial hacia CDC. Hace un par de meses trascendió que la ex directora financiera del Palau, Gemma Montull, había anotado en julio de 2008 un cobro de Ferrovial y pagos a empresas de mailing que han trabajado para CDC y a la fundación Trias Fargas.

Los nuevos datos aparecen en vísperas de que la comisión de investigación del Parlamento catalán sobre el caso Palau retome hoy las comparecencias. Están citadas Gemma Montull, la ex secretaria de Fèlix Millet, Elisabet Barberà, y la ex directora general de la Fundació Orfeó Català-Palau de la Música, Rosa Garicano.

Convergència publicó ayer un comunicado en el que critica que "aparezcan de nuevo" informaciones derivadas de archivos informáticos de los que el partido no tiene constancia. CDC subraya que el hecho de que su antiguo administrador falleciese en 2005 "no ha permitido contrastar (la información) más allá de lo que es la corrección que figura en la contabilidad oficial, auditada". El partido destaca que los documentos no están firmados, "lo que deja la puerta abierta a que tal vez no fueran enviadas a su destinatario" y sólo reconoce una relación entre el Palau y su fundación basada en convenios legales con finalidades culturales.

No son de la misma opinión los partidos que integran el Gobierno catalán. ICV-EUiA pidió una reunión urgente para valorar pedir la comparecencia parlamentaria del líder de CDC, Artur Mas, ante "evidencias cada vez más claras de financiación irregular". ERC quiere esperar a que acaben las primeras comparecencias. El presidente de Esquerra Republicana, Joan Puigcercós, ha asegurado que el líder de CiU tiene el deber de desmentir o confirmar si Convergència se ha lucrado con dinero público o privado. Puigcercós considera que "CiU es un partido fuerte del país, y no nos podemos permitir que exista ninguna sombra de duda que manche futuras decisiones de la política catalana".

El portavoz adjunto del PSC en el Parlamento, Joan Ferran, ha declarado que CDC pide elecciones anticipadas porque "ya se ve venir qué puede salir de la comisión de investigación, y prevé que no será capaz de explicarlo". Para Ferran, si bien CDC había dicho que las comisiones no sirven para nada, "se están corroborando las tesis de presunta financiación ilegal" del partido.