PSOE y CiU quieren tramitar con urgencia la reforma laboral

El Gobierno empieza a respirar, porque se vislumbra con claridad que los 10 votos de CiU están cerca de asegurar la convalidación del decreto de reforma laboral, el martes en el Pleno del Congreso.

No hay un acuerdo cerrado, ni siquiera el grupo parlamentario tiene formalmente adoptada una decisión definitiva, pero ayer el presidente de CiU, Artur Mas, aseguró que garantizarán la tramitación de la norma a cambio de que se introduzcan en ella algunas de sus posiciones en forma de enmiendas en el trámite parlamentario. Sin embargo, el portavoz en el Congreso, Josep Antoni Duran Lleida, que mantiene como estrategia de negociación la presión al Gobierno hasta el momento de la votación, se apresuró a aclarar que no tienen una posición cerrada.

El voto en contra no casaría con la voluntad expresada por Mas de facilitar la tramitación, e iría en contra de la posición tradicional de CiU de reformar el mercado de trabajo. Y la abstención fue casi descartada por el propio Duran hace una semana y dificultaría que pudieran pactar enmiendas con el PSOE. Por eso se abre camino el voto favorable de los nacionalistas catalanes en el pleno del martes próximo.

En esa negociación hay un asunto de calendario que está sobre la mesa y que podría ser fundamental para los acuerdos: la posibilidad de una tramitación ultrarrápida, para que a finales de julio el decreto ley, tramitado como proyecto de ley, salga de las Cortes totalmente cerrado. "Es difícil, pero hemos hecho cosas más complicadas", aseguran fuentes de La Moncloa.

Para eso, el PSOE necesitaría recabar el apoyo de todos los grupos parlamentarios, sin excepción. Por el momento, está en estudio, sobre la base de que el Congreso y el Senado ya habilitaron julio como hábil a efectos parlamentarios y, por tanto, contarían con todo ese mes para la tramitación.

Fuentes del PSOE explican que esta posibilidad estuvo sobre la mesa en la Ejecutiva del partido del lunes y que se habló también de las dificultades si algún grupo quiere frenarla, porque es precisa la colaboración de todos para acortar los plazos de enmiendas. El argumento práctico que dan fuentes socialistas es que es posible que haya empresarios que no hagan ni un solo contrato hasta que esté en vigor la reforma laboral, no como salió ayer en el BOE en forma de decreto, sino la definitiva que salga de las Cortes. Es decir, que la provisionalidad podría ser disuasoria para la contratación.

El propio ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, afirmó ayer en Burgos que se debería "hacer un esfuerzo" para que el trámite parlamentario sea por "un procedimiento de urgencia", para que "pudiera estar en vigor lo antes posible, para evitar escenarios de incertidumbres entre lo que va de la convalidación de un decreto a la aprobación definitiva del proyecto de ley".

Este argumento sería difícil de rebatir por el PP. Más aún si los populares defienden la introducción de medidas de fomento de la contratación, a las que los empresarios podrían esperar para hacer nuevos contratos. De esa forma, el PSOE podría buscar la colaboración del PP. Quedarían el Grupo Mixto y el de ERC, IU e ICV, en el que una parte está radicalmente en contra de la reforma laboral.

Hay otro argumento político que aconsejaría al PSOE y, sobre todo a CiU, intentar esa tramitación rápida: las elecciones catalanas. La huelga general del 29 de septiembre coincidirá con la campaña electoral y tanto CiU como el PSC tendrían que votar en ese momento la reforma laboral con la doble presión de la protesta sindical y las exigencias electorales.

Otra razón más obvia es que al Gobierno le interesa que la huelga general esté lo más alejada posible de la aprobación de la norma en el Congreso. Y en septiembre ese trámite quedaría sepultado y distorsionado por la difícil negociación presupuestaria.

Además de CiU, sigue todavía en la negociación con el Gobierno ERC, con la única diferencia de que este partido no garantiza por sí solo la convalidación. Hoy mismo hay convocada una reunión de técnicos de ERC con técnicos del Ministerio de Trabajo para intentar pactar enmiendas al articulado y comprometer así el voto de Joan Ridao y los otros dos diputados en el pleno del martes.

El PNV mantiene la incógnita de su posición. Su portavoz, Josu Erkoreka, volvió a remitirse a la reunión de la ejecutiva de su partido del próximo lunes, tras reunirse con los secretarios generales de UGT y CC OO, Cándido Méndez e Ignacio Fernández Toxo.

Ayer, la vicepresidenta segunda, Elena Salgado, y el ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, expresaron su confianza en lograr finalmente un amplio respaldo parlamentario al decreto. Salgado aseguró que el Gobierno espera contar con los "los apoyos suficientes". Y Corbacho fue mucho más preciso al afirmar que está seguro de que las modificaciones de la reforma laboral que CiU ponga sobre la mesa serán "constructivas".